Gils Carbo no se quiere ir. Y por eso la quieren sacar.

Por Rafael Saralegui

El Gobierno sigue empeñado en sacar de su cargo a la Procuradora Alejandra Gils Carbó, de cualquier forma. Es una de las obsesiones del presidente Macri, quien no se cansa de castigar en público a la jefe de los fiscales. Sostiene que ella está detrás de las denuncias contra él y sus funcionarios desde que llegó al poder.

Para conseguir su objetivo, busca los caminos más diversos. El diputado Pablo Tonelli fue uno de sus laderos que públicamente salió defender la idea que Gils Carbó puede ser removida del cargo mediante un simple decreto del Poder Ejecutivo. Pero la iniciativa fue frenada luego que Lilita Carrió también dijera en forma pública que la única vía para la remoción es mediante el juicio político.

Pero esa posibilidad está frenada: el oficialismo no podrá conseguir los votos necesarios para el juicio político. Sobretodo, después del fracaso de la expulsión de Julio de Vido y cuando las elecciones de octubre no se vaticinan favorables para el Gobierno, con lo cual está por verse si de ahora hasta fin de año podrá conseguir más voluntades que se embarque en la remoción de la procuradora.

Como esos caminos aparecen bloqueados por ahora, el Gobierno busca el auxilio de abogados y jueces de la misma línea ideológica. El objetivo es conseguir que se declare la inconstitucionalidad del artículo 76 de la Ley 27.148, que regula el funcionamiento del Ministerio Público. Ese artículo dice que la procuradora sólo podrá ser removida mediante juicio político al igual que los jueces de la Corte Suprema.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, o colegio de la calle Montevideo, que agrupa a los grandes estudios, ligados con las empresas, y la ONG Será Justicia, integrada por miembros de ese Colegio justamente se presentaron en la Justicia para pedir que se declare la inconstitucionalidad de ese artículo y habilitar así la remoción mediante un simple decreto.

Los abogados del Ministerio de Justicia se presentaron la semana pasada ante el juez en lo contencioso administrativo Ernesto Marinelli para contestar las demandas y respaldar la postura de los abogados identificados con Cambiemos, que buscan la remoción del cargo de Gils Carbó.

En su presentación, los abogados del ministro Germán Garavano recordaron que la Corte Suprema había dicho que lo integrantes de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas pueden ser removidos por decreto y no mediante un juicio político. Citaron los casos Molinas y Solá. Fueron los casos de Ricardo Molinas y Roberto Solá, removidos por Carlos Menem durante su presidencia.

Los abogados de Garavano citan entonces a la Corte más desprestigiada de la historia, la que fallaba siempre de acuerdo con los intereses del Gobierno de Menem y llevó al máximo tribunal al cúmulo de su desprestigio, a tal punto que la mayor parte de sus ministros terminaron dejando su cargos.

“Es un caso de la mayoría automática. Es políticamente cuestionable que lo citen con autoridad porque fue un hecho vergonzoso, uno de los más vergonzosos en la historia de la Corte Suprema. Pero el hecho de que lo citen muestra también la continuidad de ciertos grupos políticos actuales con quienes estaban en los 90”, afirmó el ex diputado radical y ex fiscal Manuel Garrido.

Cerca de Gils Carbó están alertas e indignados por la forma en que se llevó adelante la estrategia. “En realidad presentaron dos acciones por lo mismo al mismo tiempo. Después pidieron acumularlas en el juez que más les gustó. Forum shoping se llama eso”, dice a CyR, un allegado a la Procuradora. “Una es de Será Justicia y la otra del Colegio de abogados de la calle Montevideo. Luego se acumulan y luego se allana el ministerio. Una vergüenza todo”, agrega la fuente.

En su presentación ante el juez Marinelli, los abogados de Garavano pidieron que oportunamente declare la inconstitucionalidad del artículo citado. La cuestión se encuentra abierta.