Desde hace por lo menos 45 días el Gobierno ya bosqueja su apelación ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Medios. Se presentará en los próximos días luego de que la Cámara Federal en lo Civil y Comercial entendiera como inconstitucionales los topes a las licencias que Clarín pueda poseer. El secretario de Legal y Técnica, Carlos “Chino” Zaninni supervisa la elaboración del documento que dará inicio a la pelea final en el máximo tribunal, donde también acudirá Clarín.

El fallo de la Sala I (Francisco de las Carreras, Susana Najurieta y Ricardo Guarinoni) fue quirúrgico: le dio a Clarín lo que buscaba (la inconstitucionalidad de los topes en el negocio audiovisual y de distribución de cable)  y al mismo tiempo un guiño al Gobierno: le autorizó los plazos establecidos para desinvertir (1 año) y le confirmó el control del espacio radioeléctrico. Vale la pena recordarlo: la radio representa una porción mínima de los negocios del multimedio además prácticamente no presenta excesos en la propiedad de este tipo de señales.

La resolución fue analizada por los abogados de la Procuración del Tesoro en forma express. El diagnóstico que escuchó Zaninni fue contundente: “el fallo es sólido en lo técnico y juega con la ambigüedad de evitar futuros monopolios pero no condicionar a los ya existentes”.

Lorenzetti tiene la intención de que el fallo salga pronto.

El secretario de Legal y Técnica transmitió este mensaje a Olivos ayer al mediodía. De allí partieron dos contactos, uno hacia la procuradora del Tesoro Angelina Abbona y otro hacia la procuradora general Alejandra Gils Carbó.  La primera es una figura de perfil bajo pero de excelente sintonía con la Presidenta. Un dato: en noviembre del 2011 Cristina de Kirchner la sentó en la mesa de la reunión bilateral que mantuvo con Barack Obama, en Cannes en la cumbre del G-20. Un privilegio para pocos funcionarios. Abbona se pronunció ante el presidente de Estados Unidos sobre los litigios de Argentina en los tribunales internacionales del CIADI y sumó un buen punto ante los ojos de la Presidenta, especialmente por sus conocimientos técnicos.

El segundo llamado fue mucho más político. Gils Carbó ha litigado durante años contra el Grupo Clarín cuando era fiscal ante la Cámara de Apelaciones del fuero Civil y Comercial. Su opinión será tan o más escuchada que al momento de confeccionar el paquete de leyes de reforma judicial.

Estas dos funcionarias y algunos abogados de la Procuración (que tienen pasado en la Corte Suprema) confeccionarán los argumentos finales. “Basta de insistir con los abogados del AFSCA y de la Jefatura de Gabinete, que firmen en mesa de entradas  pero que no escriban una letra”, fue la orden que se impartió desde la quinta presidencial.

El Gobierno buscará presentar una apelación técnica. Anoche dos abogados que trabajan sobre la misma recomendaron no mencionar en el texto las denuncias contra De las Carreras y Guarinoni por haber viajado a Miami invitados por una ONG cuyo sponsor es Clarín. Al mismo tiempo seleccionaron jurisprudencia de los Estados Unidos que revisan desde hace un mes al tanto de que esa fuente del derecho tiene buena imagen en la Sala I y en la Corte, lo cual quedo plasmado en el fallo del miércoles por la tarde. “Es el país con mayor jurisprudencia en todo lo referido a leyes antimonopólicas”, comentaron.

Zannini supervisa al equipo de abogados.

Sin embargo existe un análisis que, por lo menos, inquieta: el fallo de la Sala I está muy en sintonía con el entendimiento de la Corte que posiblemente no termine dando por ganador final ni a Clarín ni al Gobierno sino que adopte un perfil igualmente salomónico. Ya lo ha dicho Ricardo Lorenzetti en su despacho: “en un país tan pendular, la ambigüedad es un valor ya que es mucho más difícil estar en el medio que ir hacia los extremos, la Corte tiene a veces carácter ambiguo porque interpreta la Constitución y esta también lo es”.

El elemento tiempo es el factor clave del fallo del máximo tribunal que terminará por zanjar la cuestón. Fuentes vinculadas a los magistrados dijeron que la idea es sacar el fallo más pronto que tarde, probablemente antes de las las elecciones de octubre, en las que se definirá el futuro político del Gobierno en los dos años que le restan de mandato a Cristina Kirchner.