El bloque Frente de Todos de la Cámara de Diputados consiguió este martes dictámenes de mayoría en la comisión de juicio político para avanzar en el proceso a los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Los acusan «de mal desempeño de sus funciones» en las causas por la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura, los fallos de coparticipación y de la ley del 2×1 en favor de represores, y el manejo de la obra social del Poder Judicial.

La firma de los despachos que impulsó el oficialismo se produce a 12 días de la asunción del presidente electo Javier Milei, que rechaza el proceso de juicio político a los ministros Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz, y Ricardo Lorenzetti.

Los cuatro dictámenes de mayoría los firmaronr los 16 miembros del Frente de Todos (FdT), ya que los 14 diputados de Juntos por el Cambio (JxC) presentaron despachos de rechazo y lo mismo hizo el representante de Consenso Federal Alejandro «Topo» Rodriguez.

El FdT pidió el juicio político de los cuatro miembros en la causal sobre el fallo de coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires; y de Rosatti, Rosenkratz y Maqueda en la causa sobre la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura donde se repuso una ley que había perdido vigencia en el 2006.

Vigencia

En cambio, en el caso de la obra social, el FdT solo pidió el juicio político de Maqueda y en el caso del fallo del 2×1 en favor de represores, la solicitud de enjuiciamiento es contra Rosatti y Rosenkrantz.

De este modo y a un día que venza el plazo para poder emitir dictamenes, el oficialismo consiguió emitir despachos sobre los 14 pedidos de juicio político que se habian comenzado analizar el pasado 26 de enero, aunque la admisibilidad se aprobó el 9 de febrero, cuando se comenzó la etapa de apertura a prueba.

Ahora, los dictámenes estarán vigentes por un año y en este lapso el nuevo oficialismo representado por la Libertad Avanza podrá dejar sin tratamiento esos expedientes o impulsar su tratamiento en el recinto de sesiones para que se rechacen los juicios políticos, ya que el futuro ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, anticipó su oposición a estos enjuciamiento impulsado por el FdT.

Al abrir la reunión, a las 15.15, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, hizo un resumen del proceso de juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema por mal desempeño de sus funciones y dijo que se elaboró un dictamen por cada juez acusado.

Un resumen

Gaillard precisó que se realizaron 26 reuniones desde que se abrió el proceso de apertura a prueba «en la cual prestaron testimonio 65 testigos» y aseveró que «las audiencias fueron públicas y transmitidas por el canal de la Cámara de Diputados».

El dictamen de mayoria fue firmado por Gaillard, Ricardo Herrera, Itai Hagman, Monica Macha, Juan Marino, Germán Martínez, Magalí Mastaler, Leopoldo Moreau, Juan Pedrini, Paula Penacca, Carlos Selva, Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdes, Hugo Yasky y Carolina Yutrovic.

La conformación del FdT en la comisión se modificó en los últimos días y hoy se incorporaron en la última reunión de éste organismo Macha, Hagman, Paula Pennaca, Selva, Mastaler y Yutrovic.

Las modificaciones las defendió el presidente del bloque del FDT, Germán Martínez, quien señaló que «nosotros hicimos seis cambios y ustedes (JxC) cinco» desde que se inicio el proceso de juicio político y dijo que «39 diputados de mi bloque trabajaron» en toda la instancia del debate desde enero.

Los argumentos

Al argumentar a favor del juicio político, el diputado del FdT Leopoldo Moreau negó que el juicio político se haya impulsado como un acto «supuestamente arbitrario, revanchista o de carácter vinculado a generar desprestigio en una institución como la Corte Suprema de Justicia».

El Frente de Todos pidió en la causa sobre coparticipación el enjuiciamiento de los cuatro miembros del tribunal, aunque sumó otros argumentos en la acusación contra el presidente de la Corte Rosatti por no haberse excusado para «evitar la sospecha y el cuestionamiento de imparcialidad», respecto a los vínculos de «íntima confianza» del Director General de la Vocalía, Silvio Robles, con el Ministro de Justicia y Seguridad de la CABA, Marcelo D’Alessandro, que «exhibirían actitudes incompatibles con la dignidad del cargo que contribuirían al desprestigio del Poder Judicial».

También se lo objeta por «no haber ordenado la sustanciación de investigación sumaria» para «esclarecer hechos que le atribuirían supuesto tráfico de influencias que contribuirían al desprestigio del tribunal».

Y «haber dictado una sentencia cautelar arbitraria a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, omitiendo la ponderación de prueba relevante y decisiva para la resolución del caso con la finalidad de dotar de recursos financieros al entonces candidato opositor a la Presidencia, Horacio Rodríguez Larreta».

Otro causa

En la causa de la derogación del Consejo de la Magistratura, el FdT pidió el juicio político de Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda por considerar que esos magistrados se han «atribuido el manejo de los recursos del Poder Judicial en violación de la Constitución» y «apropiado de funciones que la reforma constitucional le había quitado».

También acusó a los ministros del tribunal de haber «manejado discrecional y arbitrariamente los tiempos de una causa judicial», interrumpir «el proceso parlamentario tendiente a establecer un diseño con equilibrio representativo entre los estamentos del Consejo de la Magistratura» y dictar «una sentencia con múltiples arbitrariedades con el objetivo de cooptar el Consejo de la Magistratura».

En la causa del fallo del 2×1 en favor de represores, el FdT acusa de mal desempeño a Rosenkrantz por haber «retenido en su vocalía, durante el trámite del caso «Muiña», la causa «Schiffrin», mientras se hallaba en trámite el amparo que había presentado la Dra. (Elena) Highton de Nolasco, para conservar su cargo como jueza de la CSJN, y al juez Horacio Daniel Rosatti se le reprocha haber consentido esta maniobra».

Sobre las irregularidades en la obra social del Poder Judicial, el FdT argumentó que «surgen una serie de conductas y actos irregulares en el ejercicio de la supervisión durante el periodo investigado, comprendido entre abril de 2008 a septiembre de 2021».