CFK con Taty Almeida atrás.

Después de una semana de alegato un fiscal pidió este lunes que se condene 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz.

Después del alegato del fiscal Diego Luiciani, el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 rechazó el pedido presentado temprano por la vicepresidenta para ampliar su declaración indagatoria, por lo que el debate entró en cuarto intermedio hasta el 5 de septiembre.

«Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa», escribió Cristina Fernández en su cuenta de Twitter al conocer la decisión del tribunal.

«Por ello -añadió- mañana a las 11, a través de mis redes voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales».

La Jefa

El pedido de condena contra la Vicepresidenta del fiscal Diego Luciani ante el Tribunal Oral Federal 2, se funda en la calificó como «jefa de la asociación ilícita» que cometió el delito de administración fraudulenta.

La exposición final de Luciani, en el alegato en el que intervino también su colega Sergio Mola, incluyó exhortaciones a los miembros del TOF 2 a dictar una sentencia «ejemplar» para que se convierta en «el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones».

El fiscal aprovechó el nivel de exposición que tuvo su alegato -reproducido en vivo por la prensa hegemónica- para enviar mensajes en varias direcciones: le habló a la sociedad, criticó al presidente Alberto Fernández y presionó a los jueces.

El Presidente Alberto Fernández, ministros, secretarios de Estado, la CGT, legisladores y funcionarios del Frente de Todos difundieron declaraciones en solidaridad con Cristina y denunciaron un intento por proscribirla.

Otros penas

Luiciani también pidió que se condene a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez, mientras reclamó penas de 10 años de cárcel para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López, y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti.

Para el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, reclamó 4 años de cárcel; en cambio pidió que los exresponsables del Distrito N°23 «Santa Cruz» de la DNV, Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda tengan una pena de 6 años de prisión.

Y para los expresidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz pidió distintos penas de entre 3 y 6 años: para Héctor Garro, 3 años de prisión en suspenso; para Juan Carlos Villafañe, 6 años; para Raúl Pavesi, 5 años, y 4 para José Raúl Santibáñez.

Párrafo aparte le dedicó al exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner, primo del difunto expresidente Néstor Kirchner: sostuvo que no se encontraron elementos que acreditaran su participación en la asociación ilícita pero pidió que se lo condene a 2 años de prisión en suspenso por abuso de autoridad.

La corrupción

«La gran corrupción privó al Estado de recursos. Fueron los más pobres los que se vieron más afectados, es a los más necesitados a los que se priva de fondos desapoderados del Estado. Todos estos recursos podrían haberse utilizado para un verdadero progreso», dijo el fiscal.

«Sin justicia no hay orden ni paz social. Hoy la sociedad reclama justicia. Está en sus manos, señores jueces. Una sentencia ejemplar puede constituir el primer paso para que las instituciones recuperen la confianza», dijo.

«Señores jueces, este es el momento: es corrupción o justicia», añadió en dirección a los magistrados del TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andres Basso.

El representante del ministerio público también requirió el decomiso de unos 5321 millones de pesos para  destinarlos a instituciones de bien público.

«Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad. Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país», declaró el fiscal en la parte final de su alegato, justo antes de formular los pedidos de pena.

El fiscal volvió a referirse, aunque en forma genérica, a los supuestos delitos investigados y a la participación atribuida a cada uno de los imputados.

Testimonios

Los párrafos más críticos se los dedicó a la exmandataria, a quien acusó de haber defraudado «las expectativas de los ciudadanos que la votaron», y a quien le espetó el haber «demostrado desprecio hacia la ciudadanía en general y hacia los ciudadanos de Santa Cruz en especial».

También, antes de pasar al «petitorio», el fiscal le solicitó al tribunal que extraiga testimonios en relación a situaciones ocurridas durante el juicio, a fin de que se investiguen posibles delitos de acción pública que hasta aquí no habían sido tratados, como la supuesta participación de las empresas Petersen y Esuco en los hechos.

Para la fiscalía, la constructora Petersen, Thiele & Cruz, de los Eskenazi, y la firma Esuco, de la familia Wagner, se habrían prestado para simular competencia en algunas licitaciones que las empresas de Báez ganaron en Santa Cruz (Carlos Wagner declaró en el juicio como testigo).

Luciani requirió además que se investigue si hubo irregularidades vinculadas a la obra del Hospital Materno Infantil de Río Gallegos, a partir de conversaciones de whatsapp extraídas del celular de José López, entre el ex funcionario y Abel Fatala.

Allí también pidió que se investigue si de algunos mensajes en particular, utilizados como prueba para su propio alegato, surge la comisión de algún delito: en ese momento volvió a incluir el nombre del diputado nacional y titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner.

En la última parte de su alegato, el fiscal pidió tiempo para las últimas reflexiones y consideró que «se intentó esconder la corrupción» y que «en los últimos años la corrupción dejó de ser un tema de agenda política» porque «se optó por eludirla».

Críticas al Gobierno

En ese punto, el fiscal criticó que la Oficina Anticorrupción dejara de ser querellante y la Unidad de información Financiera (UIF) pidiera la absolución de los acusados, y aprovechó el espacio también para cuestionar que la exmandataria hubiera dicho en el juicio que a ella la absolvió «la historia» cuando «bien sabe que es el Poder Judicial» la institución encargada de enjuiciarla.

Antes, el fiscal también le mandó un mensaje al presidente Alberto Fernández, ante las más de 19.000 personas que miraban su alegato por YouTube, cuando lo acusó de haber defendido «puerilmente a su compañera de fórmula» cuando le tocó declarar en calidad de testigo.

El fiscal buscó achacarle que, antes de ser Presidente, se hubiera referido en forma crítica, en público, a supuestos temas de corrupción vinculados a la gestión kirchnerista -sobre todo después de la detención de José López- y que en el juicio al que fue convocado hubiera declarado en distinta dirección.

«No hace falta que diga acá que uno de los motivos por los que renunció al cargo de jefe de Gabinete fue lo que estaba ocurriendo con la obra pública en Santa Cruz», dijo Luciani en alusión al Presidente de la Nación, a quien, para sorpresa de quienes seguían el juicio, también acusó de «injerencia indebida» en el Poder Judicial porque en su testimonio refirió que las decisiones en materia de contratación pública no son revisables en los tribunales.