El fiscal federal Federico Delgado, pidió hoy la citación a declaración indagatoria para una de las monjas del convento de General Rodríguez por ayudar al detenido ex secretario de Obras Públicas José López a ingresar al lugar bolsos con casi 9 millones de dólares.
Además, reclamó que se cite a indagatoria como sospechosa a la esposa de López, María Amalia Díaz, y a dos empresarios ligados a la obra pública en el kirchnerismo, Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez, a quienes señaló como supuestos testaferros del ex funcionario, según el dictamen al que accedió Télam.
El fiscal pidió citar como acusada a la monja Celia Aparicio, quien aparece en las imágenes difundidas ayer ayudando a López a ingresar los bolsos al convento.
Sobre la religiosa más anciana del convento, la Madre Alba, Delgado entendió que tiene responsabilidad en los hechos pero pidió que se le realicen exámenes médicos para determinar si puede ser sometida a una causa judicial.
«Se deberían realizar los exámenes previstos por el artículo 78 del Código Procesal Penal de la Nación, sobre Alba Día de España Martínez Fernández (“Madre Alba”), a fin de determinar si puede ser sometida a proceso», pidió el fiscal.
El dictamen fue presentado ante el juez federal Daniel Rafecas a las 7.30, apenas iniciado el horario de actividad judicial en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro y ahora el magistrado deberá resolver si acepta los pedidos.
Pero el dictamen fue más allá del día en que López escondió el dinero en el convento, pues Delgado apuntó al origen de ese dinero y sostuvo que puede estar relacionado con ilícitos en la adjudicación de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
«Confluyen dos personajes clave que han acrecentado su fortuna por sus lazos estrechos con el Ministerio de Planificación Federal y la Secretaría de Obras Públicas: Andrés Enrique Galera y Eduardo Ramón Gutiérrez. Quienes junto a López conformaron un verdadero triángulo en el cual se confunden sus patrimonios» acusó.
Y consideró que los reales dueños de la casa de Tigre donde vivía López hasta ser detenido son los dos empresarios.
«Por su parte, Eduardo Ramón Gutiérrez, es dueño del Grupo Farallón, empresa que intervino en la construcción de viviendas del Plan Pro.Cre.Ar. en Tigre y San Nicolás y en la pavimentación de la ruta provincial 41, proyectos que estuvieron bajo la órbita de López», advirtió.
«Todo confluye en López. López no se enriqueció por casualidad, sino por el ejercicio de la función pública», concluyó Delgado.