El trío fue imputado por la fiscalía.

En medio de un panorama judicial que parece copado en los grandes medios afines al oficialismo por el escándalo de los cuadernos y las sucesivas citaciones a CFK, se conoció esta semana una noticia que, al fin, alcanza a la actual administración con el tema más sensible que tiene entre manos.

Este martes, el fiscal federal Jorge Di Lello, a quien nadie podría señalar como kirchnerista, imputó al presidente Mauricio Macri, a su jefe de gabinete, Marcos Peña, al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y al titular del BCRA, Luis Caputo por los presuntos delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público al firmar un acuerdo con FMI tras haber pasado por alto al Congreso de la Nación.

La denuncia que originó la causa fue hecha por el ex diputado nacional Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo, quienes señalaron que el acuerdo con el FMI se hizo pese a que no estaba contemplado en la ley de presupuesto ni tampoco habilitados por una ley que lo autorice a partir de haberle dado intervención previa al Congreso de la Nación.

El fiscal le pidió al juez Julián Ercolini que dicte una medida cautelar en la que se suspenda la ejecución del acuerdo con el FMI. La imputación es a partir de la firma del acuerdo entre el Gobierno argentino y el FMI el 7 de junio pasado a partir del cual el organismo internacional de crédito cedió a nuestro país 50 mil millones de dólares por el término de tres años.

El pedido fue hecho ante el juez federal Julián Ercolini ante quien solicitó una batería de medidas de prueba. Junto a Macri, el fiscal imputó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el presidente del Banco Central, Luis Caputo y todo aquel que resulte de la investigación.  Di Lello pidió –entre otras cosas- que el juez dicte una medida cautelar en la que se suspenda la ejecución del acuerdo con el FMI a partir de lo denunciado.

La denuncia de Lozano sostiene que  “el Poder Ejecutivo no cuenta con autorización legal para acordar y ejecutar un acuerdo stand by de 50.000 millones de dólares firmado entre el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional en junio de 2018. Este acuerdo por ser aprobado y firmado por una autoridad incompetente es nulo de nulidad absoluta…”.

“Hemos hecho esta presentación porque creemos que los acuerdos con el Fondo son absolutamente dañinos y porque la Constitución así lo manda; hay que sumar que el FMI está violando su propio estatuto, que dice que no puede prestarle a países en situación de fuga de capitales”, señaló Lozano.

“La corrida cambiaria y el acuerdo con el Fondo han producido un shock recesivo , un derrumbe de la actividad económica. Nosotros no estamos de acuerdo con la estrategia que entiende que el ante la falta de dólares el camino es la recesión y la caída de la actividad”, subrayó.