Cuando falta un mes para que se cumpla el primer aniversario de la peor tragedia ferroviaria de la historia argentina, el fiscal federal Federico Delgado dictaminó a favor de que realice el juicio oral y público de los ex funcionarios y empresarios a los que considera responsables del accidente ocurrido en la estación de Once, el año pasado, cuando murieron 51 personas.

En coincidencia con lo resuelto por el juez federal Claudio Bonadío, quien hace una semana decretó el cierre de la instrucción y dio conocimiento a las partes, el fiscal Delgado impulsó el envío a juicio oral y público de los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y de los empresarios Claudio y Mario Cirigliano, entre otros procesados por el accidente del tren del ex ferrocarril Sarmiento que causó 51 muertos el 22 de febrero del año pasado en la estación de Once.

El próximo paso es la realización del juicio oral.

Al cumplirse ayer once meses del accidente, familiares de las víctimas realizaron un acto en la estación y leyeron un documento, en el que manifestaron que les daba vergüenza el silencio del Gobierno. Además uno de los abogados querellantes pidió que sea imputado el ministro de Planificación, Julio de Vido.

“¿Por qué el Ejecutivo sigue en silencio sin asumir su responsabilidad en la tragedia? La cara visible de la corrupción es la muerte y su cómplice es el silencio. Que asista a las familias víctimas de la corrupción de sus ex funcionarios”, manifestaron los familiares en la declaración.

En su requerimiento de elevación a juicio entregado a primera hora de la mañana al juez federal Bonadio, Delgado entendió que los ex funcionarios procesados por «estrago culposo» y «administración fraudulenta» fueron «cómplices» de lo ocurrido porque actuaron «privilegiando los intereses del concesionario» y que la falta de inversión de TBA creó una «bomba que podía explotar en cualquier momento», según informó la agencia Télam.

El pedido de envío a juicio oral incluyó a todo el directorio de la ex concesionaria TBA, a los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte Automotor Pedro Ochoa y Antonio Sicaro, al ex subsecretario de Transporte de la Nación Antonio Luna y al maquinista de la formación Marcos Córdoba.

«Es evidente la complicidad de los funcionarios. Es que el Estado para inyectar fondos (subsidios a TBA) tenía que cumplir algunos pasos previstos en el contrato», interpretó Delgado pero «los funcionarios, privilegiando los intereses del concesionario, se limitan a llenar papeles para que formalmente los pasos parecieran cumplidos y así permitir los desembolsos».

«El tren siguió siempre abrazado a los vientos de la fortuna que el 22 de febrero cambiaron de dirección», agregó.

Al ratificar los cargos por los que todos fueron procesados en la Cámara Federal porteña, Delgado detalló que la administración fraudulenta remite al «mal» manejo de los subsidios de TBA, que totalizaron 1.924.625.755,67 pesos desde 2003 a 2010.

Delgado advirtió que hubo «administración fraudulenta de los fondos públicos y esa misma inactividad formó parte de los actos concatenados que culminaron con el estrago agravado del 22 de febrero».

«Al apropiarse de los fondos que el Estado destinó para mejorar el servicio» los dueños de TBA Claudio y Mario Cirigliano «dejaron a un lado el contrato. Al dejar de lado el contrato se olvidaron del servicio. Al olvidarse del servicio no invirtieron. Como no invirtieron la situación se asemejaba a una bomba que podía explotar en cualquier momento. Ello ocurrió el 22 de febrero de 2012».

Sobre el maquinista Córdoba el fiscal entendió que él mismo admitió que no paró la formación. «Esto quiere decir que admitió la materialidad del hecho que trajo aparejada la violación del deber de cuidado que lo envolvía como conductor» y conducía a «velocidad excesiva».

Córdoba quedó procesado por «estrago culposo» por la Cámara Federal, que revocó el sobreseimiento a su favor dictado por Bonadio.