La legisladora tiene buena relación con el juez.

La denuncia de la Cámara Federal porteña contra Norberto Oyarbide deja en jaque a la legisladora porteña Graciela Ocaña. La polémica contra el juez federal desembarcó en el Consejo de la Magistratura y el caso cayó en manos de la senadora kichnerista Ada Itúrrez.  Es la misma consejera la que tiene en su poder una presentación efectuada contra Ocaña en la cual se la acusa de digitar el rumbo de ese expediente en consonancia con Oyarbide.

La denuncia la hicieron dos abogados penalistas (uno de ellos es Martín Bagalá cercano al gremio La Bancaria) que aportaron datos sobre la relación que Ocaña tendría con el juez y la información que esta manejaba de una causa que estaba bajo secreto de sumario.

Ese caso se suma a la denuncia más reciente que tiene Oyarbide por haber sobreseído a tres recaudadores de la campaña K cuando los imputados no estaban bajo su jurisdicción y la causa correspondía a Ariel Lijo, que ahora se encamina a procesar a dichos sospechosos.

Los beneficiados por Oyarbide son el ex Superintendente de Servicios de Salud (SSS) Héctor Capaccioli, el ex legislador del Frente para la Victoria Sebastián Gramajo y del ex director de Lotería Nacional Hernán Diez.

En la causa de la mafia de los medicamentos, Capaccioli está acusado de haber cometido supuestas irregularidades en el traspaso de 48 millones de pesos a 52 obras sociales en concepto de reintegros por tratamientos médicos complejos que nunca se habrían realizado.

Según el texto Ocaña le “recomendaba” allanamientos a Oyarbide y éste le compartía sus “novedades”. Ese vínculo lo conocen todos los jueces federales que han visto, sorprendidos, la relación casi familiar que la legisladora tiene con la histórica secretaria privada de Oyarbide.

Ocaña no es bien vista en Comodoro Py ya que  muchos jueces vivieron momentos incómodos cuando fueron criticados  por ella en los medios luego de haberla recibido en muchas ocasiones y de facilitarle información sobre el curso de las investigaciones. Sebastián Casanello es un buen ejemplo.

El caso es paradójico porque mientras Ocaña se muestra como una defensora férrea de la justicia independiente, ella misma habría direccionado la investigación de Oyarbide, según la denuncia.

Hay demasiada gente en las altas esferas que tiene mal vista a la “hormiga”. Un caso conocido es el de Karina Rabolini que le imputa algunos “descuidos” cuando Ocaña era legisladora provincial, incursionaba dentro del ARI y había tenido algún problema con un fideicomiso del Banco Provincia.