Por Martín Granovsky

La criatura que quiere violar Mauricio Macri se llama Debido Proceso y el 15 de junio cumplirá 804 años. Un 15 de junio de 1215 el rey Juan Sin Tierra y los nobles ingleses firmaron la Carta Magna, un acuerdo para limitar la discrecionalidad arbitraria del monarca sobre la libertad y la vida. El notable historiador francés Jacques Le Goff explicó en “La civilización del Occidente medieval” que con Enrique II Plantagenet (siglo XII) Inglaterra fue la primera en ofrecer la imagen de una monarquía centralizada. Las propiedades del rey y sus derechos quedaron establecidos y registrados en el Libro del Juicio Final de 1085. La estructura se completó con la Corte del Exchequer (la Tesorería) y por supuesto con los sheriffs. La primera gran pelea contra la arbitrariedad, entonces, se produjo solo 130 años después. Una nimiedad para esos tiempos de larga duración.

Debido Proceso recorrió un largo camino. Se plasmó, por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos redactada en 1969. El artículo 25 dice: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.

En su última movida, la Corte Suprema de la Argentina solo pidió el expediente de una causa que involucra como figura principal a Cristina Fernández de Kirchner. Antes recibió nueve recursos con denuncias de irregularidades en el proceso legal. El Gobierno y los grandes medios de comunicación presentaron el pedido de remisión del expediente para su examen como una medida para interrumpir el juicio oral contra CFK y ex funcionarios suyos por la obra pública. Se produjeron cacerolazos en Belgrano, Recoleta y Núñez. Macri los definió como “una reacción colectiva porque la gente ya no quiere cosas raras”. También dijo que le gustaría dejar “una Argentina definitivamente insertada en el mundo”.

En este país, las cosas raras como la Convención Interamericana de Derechos Humanos tienen fuerza constitucional. Igual que la Constitución, están por encima de la ley. En este aspecto, la inserción en el mundo se produjo de la mano de Raúl Alfonsín y fue a poco, muy poco, de iniciada la democracia el 10 de diciembre de 1983. La Argentina firmó la Convención el 2 de febrero de 1984. Después la ratificó el Congreso. El Poder Ejecutivo completó la adhesión el 14 de agosto. Fueron figuras claves desde la Cancillería el ministro Dante Caputo y los responsables del área de Derechos Humanos Horacio Ravenna y Leandro Despouy. Desde el Congreso dinamizó los trámites el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Federico Storani, que venía de la militancia universitaria y en derechos humanos. En estos días el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, que integra Storani, emitió un comunicado expreso contra la decisión de la Corte de pedir los expedientes para revisarlos. La calificó de “sorprendentemente inusual” y la inscribió dentro de una matriz de supuesta “dilación de los procesos judiciales que investigan a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner”.

La sintonía entre Mauricio Macri y la UCR quizás sea el indicio de que la alianza Cambiemos se mantendrá incólume y, aún más importante, que 804 años después Debido Proceso corre peligro en la Argentina. O sea, que los argentinos corren peligro: cuando las reglas son violadas para uno, o una, el Estado de Derecho cruje para todos.

Con los años la Carta Magna adquirió relieves míticos. Es obvio para los historiadores del Derecho que no puede ser tomada con literalidad, porque solamente protegió a un grupo de nobles. Pero desde ese momento la pelea entre el poder absoluto y los distintos grados de libertad del ser humano se convirtió en una constante de lo que entonces reyes, papas y teólogos llamaban la Cristiandad.

Fuente Página 12