Familiares, amigos y vecinos de Roberto Sabo, el quiosquero a quien asesinaron a balazos el domingo durante un asalto en su comercio de Ramos Mejía, se manifestaron el lunes a la noche frente a la comisaría de esa localidad del partido bonaerense de La Matanza en reclamo de justicia y mayor seguridad.

«Lo único que pido es seguridad, nada más», señaló Paula, la exesposa de Roberto, a quien acompañaron dos de sus dos hijos, Tomás y Nicolás.

Alrededor de las 20.30 se produjo un momento de tensión cuando parte de los manifestantes avanzó sobre el cordón de policías que los dispersaron con gases lacrimógenos y gas pimienta.

Ante esta situación, la Policía amplió el perímetro alrededor de la comisaría y muchas de las personas que protestaban comenzaron a retirarse, aunque pasadas las 22, la movilización continuaba.

Se trató de la segunda marcha en reclamo de justicia y seguridad que se llevó a cabo en el mismo lugar luego de la de ayer, que se prolongó hasta la noche frente a la seccional, donde estuvo presente el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien en las últimas horas se reunió con Pedro, según contó el propio padre de la víctima.

El sospechoso preso por el crimen de Sabo, se negó a declarar ante el fiscal de la causa, lloró en la audiencia y rogó «por favor» que no le «pidan prisión perpetua», informaron fuentes judiciales.

Preso por robo

Se trata de Leandro Daniel Suárez (29), un joven que estuvo casi seis años preso por robo y hurto y recuperó la libertad en agosto de 2020, y a quien ahora le imputaron el «homicidio agravado» del comerciante, delito que, justamente, prevé la pena máxima.

«Por favor, no me pidan la prisión perpetua. Me quiero morir», fueron sus palabras, según una fuente de la investigación, en su indagatoria ante el fiscal Federico Medone, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza.

El caso, más allá de los habituales pedidos de mayores penas y el uso político por parte de la oposición, revela las dificultades del sistema penitenciario argentino para «resocializar» a quienes pasan por la cárcel.

En este caso se trata de un hombre que ya estuvo seis años presos y que ahora la espera una larga temporada en prisión, hasta que sea un adulto mayor.

El hecho revela una constante: la alta tasa de reincidencia de quienes tienen alguna condena y vuelvan a delinquir cuando salen de prisión.

Salen y delinquen

Según un informe del Celiv, el boletín de seguridad ciudadana de la Untref, el 37,3 % de los detenidos en cárceles de la Argentina son reincidentes. En el caso de Brasil, la reincidencia llega hasta el 52%.

«Algunas explicaciones que se desarrollan respecto a la reincidencia en el delito están basadas en el tipo de contexto social y ambiental donde se socializaron estas personas. De modo que dicho contexto funciona como un factor coadyuvante en la reincidencia delictiva», dice el trabajo.

Y agrega otro elemento que plantea la relación entre la proporción de reincidencia según si hay o no antecedentes de familiares presos.

«De modo tal que, dentro de la población en reclusión, aumentan las probabilidades de reincidencia delictiva dentro del grupo de quienes han tenido antecedentes de familiares que han estado presos», explica.

«Esta primera lectura y su relación con décadas de investigaciones en criminología aportan evidencia adicional que demuestra que la pobreza como tal no es un factor decisivo para explicar el delito de robo. Aunque la pobreza puede, en ciertas ocasiones, incidir en el delito, existen otros factores que activan la predisposición individual a delinquir. La pobreza, en el mejor de los casos, podría ser uno de ellos. Los datos de la región parecen corroborarlo», concluye.

Más presos

Y otro elemento clave que contradice, las declaraciones de quienes claman por mano dura, es que cada vez hay más presos en las cárceles argentinas.

Según trabajo de la Procuración Penitenciaria de la Nación, la población que vive en prisión ya superaba las 100 mil personas a fines de 2018.

El informe revela además que las cárceles no cumplen su función de resocializar a los presos para que puedan insertarse en sociedad sin volver a delinquir.

«La mayoría no accede a los pilares básicos de la resocialización: el 51% no asiste a educación; y el 77% no realiza ningún tipo de actividad laboral o de formación», detalla el trabajo.