La fiscal general ante la Cámara en lo Comercial Gabriela Boquin presentó hoy un nuevo dictamen en el concurso de la empresa Correo Argentino S.A., perteneciente a la familia Macri, en el que acusó a la compañía de «conducta desleal».

La fiscal Boquín se opuso al acuerdo de pago celebrado en junio del año pasado entre la compañía y el gobierno argentino porque consideró que era abusivo y ruinoso para el Estado, porque implicaba una quita de más de un 98 por ciento cuando se terminara de pagar.

En el dictamen que presentó hoy Boquín sostuvo que la conducta de la compañía fue desleal porque ocultó cuando se realizó el acuerdo el año pasado que había iniciado una demanda contra el Estado argentino en otro juzgado para reclamar el pago de una indemnización.

La fiscalía había presentado otros dos escritos en la causa: el primero en diciembre, cuando se opuso al acuerdo entre el Gobierno de Mauricio Macri y la empresa de la familia Macri y otro esta misma semana, en la que aportó los cálculos que muestran que el acuerdo implica una quita superior al 98%.

Según el dictamen, la compañía presentó una denuncia contra el Estado por daños y perjuicios ante el juzgado en lo contencioso administrativo federal N°9, quince días antes del acuerdo del 28 de junio de 2016, día en que presentó dos ofertas de pago en el concurso que se tramita en la justicia comercial.

La fiscalía advierte que en ese expediente, que no fue notificado en la audiencia del concurso, reclamó el pago de una indemnización por el no pago de supuestas inversiones realizadas por la compañía en las instalaciones que luego fueron recuperadas por el Estado.

Boquín describe que el 12 de agosto, es decir, 46 días después de haber obtenido el acuerdo aceptado por un abogado en representación del Ministerio de Comunicaciones reclamó el pago de casi 1800 millones de pesos, más otros 570 millones de pesos en concepto de actualización.

En la causa del concurso el monto de la deuda verificada es de 296 millones de pesos, que el Correo acepta pagar en quince años de plazo, en cuotas anuales, de las cuales sólo en las primeras se pago el 1% del capital, con una tasa del 7% anual sobre el saldo.

Sin embargo, en la otra demanda reclama una tasa de interés del 11 % anual para que se actualice el pago de la supuesta deuda reclamada al Estado.

«La concursada adoptó una conducta contraria a la buena fe procesal al no comunicar ni al Tribunal ni a los funcionarios  el intervinientes el inicio de esta acción (que importe una crédito en expectativa) mientras se encontraba negociando con el acreedor demandado en ella», sostuvo la fiscalía.

«Su posición en este expediente contencioso administrativo, convierte en más abusiva aún la propuesta formulada al Estado nacional, pues mientras ofrece pagar a partir del 2018 (plazo estimado de pago si la homologación se produjese en el año en curso) un interés del 7 por ciento anual, reclama al mismo acreedor un interés del 11 por ciento por lo menos hasta 2009, más los intereses correspondientes (sin determinar tasa) hasta el efectivo pago», insiste la fiscalía.

La respuesta del gobierno cuando se conoció el dictamen contrario al acuerdo, fue que no había ninguna quita ya que se terminarían cobrando casi 600 millones de pagos y que además en sólo seis meses se había llegado a un acuerdo de pago de la deuda.