El juez está imputado en una causa penal.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) realizó una presentación ante el Consejo de la Magistratura para pedir que se acelere el trámite del proceso contra el juez de la Cámara de Casación Penal Eduardo Riggi, acusado de tráfico de influencias en la causa por la que se investigó el crimen de Mariano Ferreyra.

«Siendo uno de los casos de corrupción judicial más escandalosos de los últimos años, nos parece necesario que el Consejo examine de manera seria la imputación de Riggi no sólo por la presunta comisión de un delito, sino porque con las pruebas que existen en la causa penal ha quedado en evidencia la ausencia de idoneidad moral para ejercer su cargo”, dijo el abogado del CELS Maximiliano Medina, a Página 12.

“Observamos que no se han agotado las medidas investigativas destinadas a determinar la responsabilidad funcional del juez denunciado”, dice el escrito que profesionales del CELS dirigieron al presidente del Consejo, Carlos Moreno, y solicitaron integrar al expediente que nació con su denuncia contra Riggi, en abril de 2012.

Entonces, la organización ligada a la defensa de los derechos humanos había pedido que se inicie el proceso de remoción del juez de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal para analizar su rol en los hechos que se desprendieron de la investigación central por el asesinato de Ferreyra y que constituyeron una causa en sí misma: el tráfico de influencias y el pago y cobro de coimas para liberar a los dirigentes ferroviarios del procesamiento por la muerte del militante del Partido Obrero.

El expediente en el Consejo coexistió en paralelo a la causa penal, aunque prácticamente no se movió. Mientras en la causa penal se aportaron pruebas, se logró el procesamiento de Pedraza, del ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid, del ex agente de la SIDE Juan José Riquelme, del entonces contador de la UF Angel Stafforini y de la apoderada de Pedraza, Susana Planas, y se exigió la elaboración de pruebas para avanzar en el procesamiento de otros, entre ellos Riggi, los pasos en el Consejo de la Magistratura fueron escasos. Hasta principios de diciembre pasado, la denuncia del CELS coexistía en el Consejo con un descargo liviano y superficial de Riggi en el que se desentendía de los hechos por los que se lo acusaba, y con el pedido, novedoso, de copias certificadas del auto de procesamiento de Luis Rodríguez, el primer juez que tuvo la causa.