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Milani es investigado por dos jueces.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) presentó una denuncia ante la Procuración General de la Nación por la actuación irregular del fiscal Michel Horacio Salman en la causa judicial en la que se investiga la responsabilidad del jefe del Ejército César Milani en el secuestro, detención y torturas de Pedro y Ramón Olivera en 1977.
«Es inadmisible que en su rol de fiscal, Salman obstaculice el acceso de las víctimas a la justicia y colabore a través de maniobras procesales con la estrategia de la defensa para que Milani no sea llamado a indagatoria», sostuvo el organismo en un comunciado.
El Cels sostuvo que el fiscal da por válido el pedido de excepción por falta de acción por atipicidad manifiesta, un recurso que solo corresponde en casos excepcionales y que no admite una discusión probatoria. En lugar de investigar, Salman sostuvo que no se configuró un delito, que si lo hubiera Milani no lo cometió y que si lo hubiera cometido habría sido sin comprender su criminalidad.
Para llegar a estas conclusiones, Salman desestimó testimonios de víctimas del terrorismo de Estado y desconoció parte sustancial de la jurisprudencia sobre los crímenes de lesa humanidad.
El fiscal violó las regulaciones que enmarcan su actuación y dejó de investigar seriamente el caso. No solo optó por el cierre de la acción judicial contra Milani en un estado prematuro de la investigación a través de una valoración irrazonable e injustificada de la prueba, sino que aplicó las reglas procesales vigentes en forma totalmente arbitraria y dejó a las víctimas sin el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal en su búsqueda de justicia.
«Salman no cumplió con su deber de sostener la acción pública y de garantizar una investigación imparcial y eficaz. Su accionar es violatorio de la obligación que tienen los órganos estatales de averiguar la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad y de sancionar a sus responsables. Por este motivo, solicitamos que la Procuración General de la Nación inicie una investigación interna sobre el accionar del fiscal y se determinen sus responsabilidades de acuerdo con las graves irregularidades denunciadas», agregó el organismo de defensa de los derechos humanos.
