| Juicio oral

El atentado a la AMIA, el desvío de la “pista siria” y las operaciones de Clarín

Los fiscales del juicio oral dieron por acreditado que se frenó la investigación respecto de Alberto Kanoore Edul, vinculado con la familia Menem. Comienzan los pedidos de condenas.

Los restos estaban reservados y sin identificar.

En el ataque murieron 85 personas.

El juicio oral por el encubrimiento del atentado a la AMIA que se viene desarrollando hace más de dos años -con escasa cobertura mediática y repercusión política- en los tribunales federales de Comodoro Py está por empezar a transitar un momento clave: la Unidad Fiscal pedirá las penas para los acusados en la audiencia de la semana próxima, cuando finalice su alegato.

El fiscal federal Roberto Salum y el fiscal “ad-hoc” Miguel Yivoff comenzaron a exponer su acusación hace casi dos meses. Durante las audiencias encontraron acreditada la responsabilidad del ex juez Juan José Galeano y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia en las coacciones a la testigo Miriam Salinas y el abogado Gustavo Semorile, la existencia del delito de peculado -por el pago de 400 mil dólares aportados por la SIDE al ex reducidor de autos Carlos Telleldín a cambio de una declaración indagatoria falsa- y la consecuente privación ilegal de la libertad de los policías comandados por Juan José Ribelli.

La audiencia celebrada este jueves cobró inusitada importancia: los fiscales hicieron foco allí en el tramo de la investigación conocida como “pista Kanoore Edul” y su desvío a poco de cometido el atentado que el 18 de julio de 1994 provocó la muerte de 85 personas. El ex presidente Carlos Menem está acusado en el debate. Kanoore Edul tenía vínculos con su familia. 

La imputación por la presunta maniobra fue formulada, ya en 2011, por el fallecido ex titular de la AMIA Alberto Nisman en el requerimiento de elevación a juicio de la causa. En esa pieza procesal, Nisman había explicitado desde la tercera página que con su investigación por el encubrimiento del atentado “se logró comprobar la existencia de una deliberada maniobra que tuvo por objeto proteger, encubrir y proveer impunidad a Alberto Jacinto Kanoore Edul -entre cuyos contactos se encontraba Mohsen Rabbani, ex Consejero Cultural de la embajada de la República Islámica de Irán, con captura internacional por su participación en el atentado-, sujetos que desde el comienzo mismo de las investigaciones del atentado, aparecían fuertemente sospechados de haber tomado parte del hecho terrorista”. 

Alegato a contramano

En esa misma línea se expidieron Salum y Yivoff esta semana. Sin embargo, el diario Clarín presentó ayer esa postura como contraria a los pirotécnicos procesamientos -con prisión preventiva incluidos- dictados por el juez federal Claudio Bonadío recientemente por traición a la patria de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Zannini, Héctor Timmerman y Luis D’Elia, entre otros, por intentar beneficiar a los imputados iraníes. “La llamada pista siria es sostenida por la ex presidenta Cristina Kirchner, mientras el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y el ex fiscal Alberto Nisman acusaron a Irán como supuesto autor intelectual del atentado” dice la nota de Clarín. El matutino tituló el artículo “Los fiscales nombrados por Gils Carbó sostuvieron el encubrimiento de la ‘pista siria’”, en lo que parece ser un señalamiento contra la saliente procuradora general de la Nación y el desempeño de los magistrados designados al frente de la Unidad Fiscal tras la muerte de Nisman, que en sus alegatos vienen respetando la tesis acusatoria  sostenida por su predecesor, previa a la denuncia formulada en enero de 2015.

No ocurre lo mismo con la querella del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyos abogados Mariana Stilman y Ezequiel Strajman renunciaron en marzo de este año invocando un “profundo malestar moral”, luego de que las autoridades de esa cartera del Poder Ejecutivo les exigieran un “rol menos activo” en el juicio.

De hecho, los integrantes del Ministerio Público el jueves comenzaron remarcando que, erróneamente, se había denominado a esta pista como “pista Siria”, porque la vinculación de Kanoore Edul (con ese país, del que también es originaria la familia Menem) con la causa se conectaba desde un inicio con el principal sospechoso de los hechos, el ex Consejero Cultural de la Embajada de la República Islámica de Irán en Argentina, Moshen Rabbani. Ese detalle fue pasado por alto por el diario nacional de mayor tirada.

En ese sentido, Yivoff sostuvo que en las primeras semanas de la investigación Kanoore Edul era una de las pistas más importantes que había en proceso, “por cuanto había efectuado una llamada telefónica a Telleldín el día en que se habría producido la entrega de la camioneta Renault Trafic y en un allanamiento llevado a cabo en su domicilio, a dos semanas del atentado, se había encontrado su agenda de la que surgía el dato de Moshen Rabbani y de once talleres de vehículos. De esta forma Kanoore Edul aparecía como nexo vinculante entre el último tenedor conocido de la Trafic y uno de los principales sospechosos para los organismos de inteligencia como lo era Moshen Rabbani”, consignó el sitio Fiscales.gob.ar

La participación de los acusados

La Fiscalía tuvo por probado, en consonancia con el requerimiento de elevación a juicio efectuado por el fiscal Alberto Nisman, que a partir de la concurrencia de Alberto Kanoore Edul (padre) a la Casa Rosada y de una comunicación recibida por el ex juez Galeano, desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional que respondían a órdenes del entonces presidente Carlos Saúl Menem, Galeano demoró e interrumpió la investigación de la pista que vinculaba a Kanoore Edul con los hechos, particularmente la investigación de los datos que surgían de la agenda de este último.

Yivoff y Salum tuvieron por acreditado que a partir de la comunicación que recibió Galeano el mismo día en que se produjeron los allanamientos de los domicilios de Kanoore Edul, la investigación a su respecto virtualmente se paralizó por años. Se destacó que ese día se dejó sin efecto, sin motivo alguno, el allanamiento de uno de los domicilios de los nombrados, y luego se desintervinieron sus teléfonos; se destruyeron o sustrajeron los cassettes con las escuchas que se habían obtenido hasta ese momento de sus líneas, como así también las transcripciones de esas escuchas que habían sido remitidas al juzgado de Galeano.

Los fiscales sostuvieron que en esa maniobra también participaron el ex secretario de Inteligencia, Hugo Anzorreguy, su segundo, Juan Carlos Anchezar, y el jefe del Departamento de Protección del Orden Constitucional (DPOC) de la Policía Federal, Carlos Castañeda, quienes, a su vez, presentaron informes falsos sobre las escuchas que se habían obtenido en los que no consignaban las comunicaciones que daban cuenta que el día del allanamiento familiares de Kanoore Edul concurrieron a la Casa Rosada a solicitar ayuda.

Por último, la UFI AMIA adelantó que solicitará la absolución del ex comisario Jorge Alberto “Fino” Palacios por considerar que no está acreditado, con el grado de certeza requerido para una acusación, su participación en los hechos.


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