El segundo juicio oral contra el ex vicepresidente y ministro de Economía Amado Boudou ya tiene fecha de inicio: comenzará el 3 de octubre próximo, tres semanas antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato.
Este mediodía el Tribunal Oral Federal N°4 informó que ese día comenzará el debate oral en el que se ventilará la supuesta venta ilegal de la imprenta Ciccone, la máquina de imprimir billetes con la que el ex funcionario se quiso quedar por medio de testaferros, según la acusación.
Todos los acusados fueron notificados para el próximo viernes 1° para notificarse en forma personal de la fecha de iniciación del proceso, el más complicado hasta ahora que debe enfrentar el vicepresidente, después de haber sido sobreseido en una causa por anotar un auto con datos falsos.
El ex funcionario está acusado de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y malversación de caudales público, entre otros.
Otros de los imputados son José María Núñez Carmona, amigo y ex socio de Boudou; el empresario Alejando Vandenbroele y el ex dueño y cofundador de la empresa Nicolás Ciccone; Rafael Resnick Brenner, ex funcionario de la AFIP y César Guido Forcieri, asesor en el Ministerio de Economía.
El fiscal Jorge Di Lello presentó hace más de un año el pedido de elevación a juicio y entonces recordó que la causa se inició a partir de los dichos de Laura Muñoz, ex mujer de Alejandro Vandenbroele, quien en varias entrevistas afirmó que éste era testaferro de Amado Boudou, el entonces Vicepresidente.
En su dictamen, sostuvo que Boudou, como funcionario público, adquirió a través de la firma The Old Found (TOF) el 70% de la firma Ciccone Calcográfica S.A. de parte de Nicolás Ciccone y Hector Ciccone, a cambio de realizar actos necesarios para salvar la empresa, que se encontraba quebrada.
Para la fiscalía Boudou desplegó «su influencia en tres marcos fácticos distintos que facilitaron, tanto la adquisición de la empresa Ciccone Calcográfica, como su habilitación para contratar con el Estado Nacional».
A su juicio, con la colaboración del resto de los imputados «se materializaron reuniones a fin de negociar los términos del acuerdo para adquirir la empresa; se delineó una estrategia en AFIP y en el Ministerio de Economía para lograr el levantamiento de la quiebra; y, a su vez, se intervino en el funcionamiento de la Casa de la Moneda a fin de lograr la contratación de Ciccone SA para la impresión de papel moneda nacional».
En el dictamen la fiscalía recuerda que TOF fue adquirida por Vandenbroele en el año 2009 «cuando hasta esa fecha no había registrado actividad alguna, fue contratada por la provincia de Formosa para llevar a cabo la restructuración de su deuda, aprobándose dicha reestructuración mediante una adenda suscripta Ministerio Público de la Nación 7 por el entonces Ministro de Economía, Amado Boudou en marzo del año 2010. Formosa, abonó por los servicios de TOF la suma de $7.667.161″.
Según las constancias de la causa que llevó Ariel Lijo, Boudou fue «interesándose directa e indirectamente, en distintos espacios -aunque siempre bajo su órbita- en favor de dejar el camino libre para que la empresa, ahora a él vinculada a través de TOF, pudiese obtener los negocios necesarios para ver recuperada toda su capacidad económica».
«El propio Boudou o sus intermediarios –Núñez Carmona, Vandenbroele, Forcieri– irían haciendo su aparición en pos de la recuperación de la planta y la obtención de la ansiada contratación con el Estado Nacional, empezando a transitar el camino del plan trazado, con las reuniones desarrolladas entre los imputados en los meses de julio y septiembre de 2010, y principalmente las acontecidas, entre los días 1 y 2 de septiembre en las que los hermanos Nicolás y Héctor Ciccone finalmente cedieran su parte de las acciones a The Old Fund«.