Las menores eran explotadas por una red de policías.

Por Ignacio Ramírez.-

Varias adolescentes de orígenes humildes, y hogares conflictivos, fueron sometidas sexualmente durante años en dependencias de la Policía Federal, y en pensiones de la Capital Federal. La inocencia robada era  pagada con alimentos, billetes de diez pesos o celulares. La causa que podría costarle la cabeza a muchos efectivos de la fuerza fue elevada a juicio oral.

Los abusos  eran semanales o mensuales, los chacales sexuales eran un grupo de policías de la Montada que se contactaban por teléfono con las menores o directamente la levantaban en la calle en los móviles policiales. La causa  42.817,  se inició en octubre de 2011. El expediente, luego de un estancamiento inicial ya espera el juicio que llevará adelante el Tribunal Oral N° 17, integrado por los jueces Alejandro Noceti Achával, Juan Giúdice Bravo y Pablo Vega.

Unos 200 efectivos de la Policía Federal Argentina están en la mira de la justicia por su presunta participación en una red de trata de mujeres que regenteaban, prostituían y abusaban de menores de edad. Según la denuncia, las jóvenes eran sometidas en destacamentos, lugares de consigna, operativos deportivos durante los horarios laborales de los uniformados.

«El modus operandi era simple, los efectivos captaban a chicas con familias rotas y con necesidades, las apretaban, buscando excusas para detenerlas y para pedirles plata. Luego poco a poco se abusaban de ellas, las violaban y sometían sexualmente dentro y fuerza de la institución. Cuando ya estaban las menores con las defensas bajas, hacían lo que querían, incluso llegaban a prostituirlas entre los policías ofreciendo los servicios de boca en boca o por mensaje de texto», relata Jorge Hernández efectivo de la Federal, el agente que no toleró la situación de abuso y acompañó a una menor a radicar la denuncia. Desde que comenzó la investigación en el 2011 recibió decenas de mensajes, aprietes en vivo y llamados amenazantes de sus propios compañeros.

También se las prostituía  en varias estaciones de las líneas San Martín con personal del sector seguridad; en la terminal de Retiro en el sector donde arreglan las máquinas y en Estación en Constitución donde guardan los colectivos de la Empresa Plaza, en una pieza que esta arriba de los galpones que utilizaban los efectivos que realizan adicionales. Los efectivos denunciados utilizaban sus domicilios particulares. Al menos tres pensiones de efectivos policiales situadas en el barrio de la Paternal están siendo investigadas.

Los acusados  enfrentarán la acusación de promover la corrupción de dos menores de 18 años, con el agravante del abuso de su autoridad. Todos los policías están libres y en disponibilidad, mientras que las víctimas no tienen custodia y el efectivo que hizo la denuncia está presionado por sus pares y con un recorte del sueldo al 50% como premio por denunciar.  En caso de ser condenados el delito establece penas entre 3 y 10 años de prisión.