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Por Orlando Ferreres
En nuestro país, considerando la evolución de los últimos quinquenios, la proporción presos en relación la población total es la mitad de la de Brasil o Uruguay. Como tenemos 62.000 presos y tendríamos que tener, aplicando los coeficientes presos/población de los países vecinos, 114.000 presos, puede interpretarse como que nuestras autoridades dejan en libertad alrededor de 52.000 personas que deberían estar recluidas y están en libertad. No es de extrañar que la sociedad indique como problema principal del país a la inseguridad.
Las condiciones económico sociales son un factor explicativo del delito. Considerando los últimos 30 años, hemos concretado un nivel muy escaso de inversiones reproductivas por lo que el crecimiento económico fue muy bajo. Con un crecimiento económico insuficiente aumentó de la pobreza, y este aumento en el número de pobres impulsó hacia arriba la cantidad de delitos cometidos. Por supuesto que la pobreza no es la única explicación del delito, como se comprueba al verificar que éstos son en promedio aproximadamente el 10-12% del número de pobres.
Hoy la inseguridad ha pasado a ser el principal problema de la Argentina, superando incluso al problema de la inflación o el desempleo, según resulta de las encuestas de comportamiento social de las principales consultoras de sociología. La economía sola no parece explicar el problema de la inseguridad, pues en las valoraciones de la población dicha inseguridad supera a los problemas económicos. Es necesaria otra mirada.
La economía sola no parece explicar el problema de la inseguridad, pues en las valoraciones de la población dicha inseguridad supera a los problemas económicos.
Karl W. Deutsch en su libro Los Nervios del Gobierno, dice que puede darse en muchos países que una parte de la población, aunque sea pequeña, no acepte y viole las normas establecidas por la sociedad y complique el funcionamiento de la misma. En estos casos, dice el autor, las autoridades deberían actuar para restablecer el equilibrio pues, de lo contrario, el problema podría ir tomando dimensiones menos controlables con el paso del tiempo. Precisamente esto es lo que ha ocurrido en la Argentina, pues se negó la inseguridad y por lo tanto no se la atacó en forma clara. Un mayor crecimiento económico y un nivel educativo más elevado para toda lo población podrían reducir estos conflictos en el largo plazo, aunque no del todo. Por lo tanto, el autor concluye que el gobierno no tiene otra alternativa que aplicar sanciones a los que transgreden las normas.
La cuantificación de las sanciones nos da una pauta de cómo se está enfrentando el problema. Las autoridades tienen 62.263 presos en las cárceles de nuestro país según el dato de 2012, o sea el 0,15 % de la población. En esta cifra no corresponde incluir a aquellas personas detenidas en comisarías por no estar juzgadas, las cuales llegarían a 5500 personas.
En Brasil el número de personas en la cárcel es de 548.000, o sea el 0,27% de la población, y en Uruguay la cifra de presos es de 9560, es decir el 0,28% de la población. Estos dos países tienen pautas de comportamiento social y cultural muy semejantes a las de la Argentina, pero su proporción de presos es casi el doble que la nuestra. Consideremos también el caso de Chile, no muy distinto a nuestra cultura, que tiene 47.300 presos lo que representa el 0,27 % de la población.
El Gobierno debería revisar su estrategia para el caso de la inseguridad e informarse en Uruguay y Brasil, para disminuir la misma
No vamos a comparar nuestra situación con el caso de los Estados Unidos, donde se observa un 0,72 % de presos en relación a su población, pues su política al respecto ha sido muy distinta, muy dura, en comparación a la de la cultura del cono sur de América latina. Pero que tengamos coeficientes muy distintos a los de Uruguay y Brasil en forma permanente llama la atención, sobre todo cuando nuestro principal problema ha pasado a ser la inseguridad.
Podríamos concluir que, de acuerdo con las cifras de 2012, si aplicáramos los mismos criterios de sanciones al delito que Brasil o Uruguay, o incluso Chile, tendríamos que tener un número de presos que llegaría a unas 114.000 personas, pero como solo hay 62.200 en las cárceles esto significa que tenemos 52.000 personas que tendrían que estar presas y están sueltas, delinquiendo.
El Gobierno debería revisar su estrategia para el caso de la inseguridad e informarse en Uruguay y Brasil, para disminuir la misma. Y no es que en esos países no haya inseguridad, también la hay, y nunca podrá reducirse a cero pero es menor que en nuestro país. Requerimos con humildad aprender de los demás para mejorar nuestra propia situación.
