La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció penalmente al gobierno de Jujuy, encabezado por el candidato a vicepresidente Gerardo Morales, por la represión indiscriminada a los manifestantes en esa provincia.

Según informaron fuentes del organismo a Data Clave, la denuncia fue presentada ante el Ministerio Público de la Acusación de la provincia para que se investiguen “numerosos delitos perpetrados por personal policial que -más allá de las responsabilidades de los directos- dan cuenta de una actuación organizada de manera ilícita desde las más altas cúpulas del gobierno de la provincia”.

El escrito también menciona que el propio gobernador Morales publicó en sus redes sociales los antecedentes judiciales de supuestos manifestantes, información que sólo debería manejar el Poder Judicial.

La presentación incluyó testimonios y pruebas sobre prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de la Policía de Jujuy que fueron recogidas en los últimos días por la delegación que encabezó el secretario Horacio Pietragalla Corti en la provincia.

Las víctimas relataron haber recibido golpes y malos tratos al momento de las detenciones, disparos de balas de goma en el rostro, detenciones arbitrarias, incluso lejos del lugar donde se realizaban las manifestaciones.

También señalaron la utilización de vehículos sin identificación, el ingreso a viviendas particulares sin orden de allanamiento y la presencia de policías infiltrados entre los manifestantes para provocar destrozos y desmanes.

Como publicó Data Clave hubo camionetas de empresas privadas, que son contratistas de la provincia, que fueron utilizadas por la policía para trasladar a los manifestantes detenidos durante la represión.

La denuncia se suma al habeas corpus presentado ante la justicia local este lunes por la Secretaría para frenar la violenta represión y para que se garantice el derecho a la protesta.

A partir de ese pedido, el juez Jorge Zurueta solicitó a la policía de la provincia que se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes y llamó al gobierno de Gerardo Morales a iniciar una instancia de mediación.

Según la denuncia, la policía jujeña disparó balas de goma a los manifestantes apuntando a la cara, por lo que pudieron constatar casos de personas que perdieron la visión en sus ojos por las lesiones recibidas. Al menos registraron dos casos de personas con lesiones gravísimas en los ojos.

Esto fue consecuencia de disparos de armas no letales, pero apuntando directamente a la parte superior del cuerpo de los manifestantes, algo que fue condenado por organismos de defensa de los derechos humanos.

“Otra de las cuestiones que hemos constatado es que la gran mayoría de las personas privadas de su libertad han sido detenidas de manera arbitraria, mientras pasaban por zonas cercanas al epicentro de la represión, o en algunos casos, ni siquiera en zonas cercanas”, agrega la denuncia.

Entre los detenidos en forma arbitraria había vendedores ambulantes, gente que estaba andando en bicicleta, haciendo trámites o yendo a visitar a sus familiares, quienes fueron subidos a camionetas y llevados a la comisaría primero y luego a la unidad penal.