Así quedo el coche de los chicos.

Para la Justicia no hay dudas: el 20 de mayo un grupo de policías de San Miguel del Monte armaron una enorme maniobra de encubrimiento para tapar la muerte de cuatro adolescentes, fallecidos como consecuencia de un choque originado en una persecución policial que no tenía ninguna explicación,

Así lo consideró hoy un juez penal de La Plata al dictar la prisión preventiva a 11 de los 13 detenidos por la muerte de las cuatro víctimas y las graves heridas sufridas por chica de 13 años, en una resolución en la que consideró al hecho como una «masacre de niños indefensos».

En su resolución, el juez detalló las maniobras que se realizaron como el cambio de las declaraciones testimoniales, la adulteración de evidencias, la manipulación de las grabaciones de la cámaras de seguridad, que pudieron ser desbaratadas gracias a la valiente actitud de los testigos.

La medida fue adoptada por el juez de Garantías de La Plata, Eduardo Silva Pelossi, quien además le dictó la falta de méritos y otorgó la libertad a dos policías que estaban acusados por el encubrimiento del hecho, en el que murieron Camila López (13), Danilo Sansone (13), Carlos Aníbal Suárez (22) y Gonzalo Domínguez (14) y las graves heridas que sufrió Rocío Quagliariello (13).

De esta manera, Silva Pelossi hizo lugar parcialmente al pedido formulado por el fiscal Lisandro Damonte y ordenó que permanezcan detenidos 10 policías y el ex secretario de Seguridad del municipio, Claudio Martínez, parte clave en la trama de encubrimiento.

En la causa está acreditado que Martínez, que tenía bajo su cargo el Centro de Monitoreo, sabía desde las primeras horas de la existencia de la persecución y, sin embargo, demoró la entrega de ese material. Un día después suspendió a Alexis Rodríguez, el trabajador del Centro de Monitoreo que fotografió y difundió fotografías donde se ve al policía Rubén García sacando el cuerpo por la ventana del patrullero y disparando contra el Fiat Spazio, en el que viajaban las víctimas.

En su resolución, el magistrado acusó a los policías Rubén Alberto García, Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez por el «homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de arma de juego consumado y en tentativa».

En la causa, se dio por acreditado que esos efectivos se encontraban a bordo de los patrulleros que persiguieron a los jóvenes y desde donde se efectuaron los disparos que provocaron que el auto Fiat 147 conducido por Suárez se estrellara contra un acoplado estacionado en la colectora de la ruta nacional 3.

Silva Pelossi ordenó además la preventiva para los policías Franco Micucci, José Manuel Durán, Nadia Genaro, Melina Blanco y José Alfredo Domínguez por «falsedad ideológica de instrumento público agravado, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público».

En tanto, por encubrimiento agravado le dictó la preventiva al teniente Héctor Enrique Ángel y la ex secretario de Seguridad del Municipio, Claudio Martínez.

En su fallo, el magistrado no hizo lugar al pedido de preventiva y ordenó la libertad de los oficiales Cristian Righero y Juan Gutiérrez, a quienes le dictó la falta de mérito por los delitos de encubrimiento y falsedad ideológica.

El juez consideró que los 11 imputados deben permanecer detenidos porque a su criterio “tratarán de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación”.

Para ello, tuvo en cuenta que “la naturaleza y características del hecho son de suma gravedad, a saber por la pluralidad de intervinientes, la nocturnidad, la calidad de funcionarios públicos dotados del deber de resguardar a civiles, el ilícito empleo de armas de fuego y el peligro que ocasionaron a terceros con la persecución inmotivada”.

Además tuvo en cuenta “la calidad de menores indefensos de cuatro de las víctimas y del adulto, todo lo cual hace a una agresión homicida inmotivada hasta el momento” y apoyó la calificación de la jueza de garantías que estuvo a cargo de la causa en su ausencia, Mónica Garmendia, en torno a que se trató de “la perpetración de una masacre de niños indefensos”.

En el fallo, el magistrado destacó el “compromiso cívico que asumieron los testigos, dado que con sus declaraciones permitieron correr el velo del aparente accidente de tránsito” que intentaron simular los efectivos policiales.

En cuanto al ex secretario de Seguridad de la comuna, tuvo en cuenta “la demora en la entrega de los soportes digitales a la intendenta de San Miguel del Monte siendo que en las primeras horas del suceso ya tenía conocimiento de las ilicitudes perpetradas por los efectivos policiales”.

También le atribuyó que, pese a haber observado las cámaras de Seguridad del Municipio se comunicó con la intendenta a las 3.30 del día del hecho para anoticiarla que “…había ocurrido un accidente y previo hubo un seguimiento de parte de la policía, y que el hecho no tendría que ver con ese seguimiento» .