Después de un larguísimo proceso, la Justicia decretó hoy la quiebra del Correo Argentino, una empresa sin actividad formal desde hace años, y por lo cual el ex presidente Mauricio Macri dijo ser víctima de una persecución.
Finalmente, luego de que se agotaron todos los plazos previstos, la jueza en lo Comercial Marta Cirulli decretó la quiebra del Correo Argentino SA, una empresa del Grupo Macri, tras considerar que fracasó el proceso de salvataje.
La jueza tomó la medida luego de que se rechazó una nueva propuesta de la empresa postal que no satisfizo el interés del Estado Nacional, acreedor Categoría A, según surge del fallo de 44 páginas.
La quiebra se puede apelar ante la la Cámara en lo Comercial, la misma que este fin de semana Macri criticó en su carta y que tuvo también un enfrentamiento con el Tribunal Superior de Justicia.
SOCMA buscó desautorizar a la Cámara a través de la intervención de la Corte porteña pero finalmente las juezas María Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini contestaron la semana pasada y dejaron en offside al TSJ.
No alcanzó
En su fallo, Cirulli recordó que de las 6 firmas que se presentaron al salvataje solo el propio Correo Argentino SA «mantuvo el interés de seguir con el trámite», y párrafos más adelante explicó que la oferta realizada no satisfizo a los acreedores necesarios como para prosperar.
La jueza señaló en su fallo que la oferta realizada por la concursada solo representaba el 100 por ciento de la deuda a los ojos de la propia empresa, pero que no abarcaba el valor actual de la misma.
La magistrada también hizo referencia a la supuesta conformidad que la empresa deudora atribuyó a los acreedores de Categoría C, que habían prestado acuerdo a ofertas realizadas hace casi 20 años, en otra instancia del proceso concursal.
«A lo largo de todo ese tiempo variaron sensiblemente los indicadores económicos y sobrevinieron sucesivas devaluaciones de nuestro signo monetario con gran pérdida del valor adquisitivo, lo cual es de conocimiento público. En esa situación, no podría razonablemente suponerse que aquellos acreedores Categoría C -antes aquiescentes- aceptarían ahora la llamada mejora de propuesta, tratándose de créditos devengados hace dos décadas», sostuvo la jueza.
La ley 24.522 de Concursos y Quiebras establece en su artículo 48 inciso 8 que «cuando en esta etapa no se obtuviera acuerdo preventivo, por tercero o por el deudor, o el acuerdo no fuese judicialmente homologado, el juez declarará la quiebra sin más trámite».
En el 2001
El concurso de acreedores del Correo Argentino se inició en 2001, cuando la empresa del Grupo Macri ya había dejado de pagar hace años el millonario canon que le correspondía para poder explotar la concesión del correo oficial.
Cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia decidió rescindir el contrato y retomar el control del correo estatal, que se privatizó durante el gobierno de Menem.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, el Estado aceptó una oferta del Grupo Macri para pagar la deuda en 15 cuotas; un acuerdo que no prosperó porque la fiscal de la Cámara Comercial Gabriela Boquín determinó que era ruinoso para las arcas del Estado.
La jueza dejó en claro las distintas dilaciones a lo largo de los 20 años que lleva el expediente y puso el foco en la actuación que tuvo SOCMA durante el proceso.
Descartó, por un lado, que el Estado fuera un acreedor hostil (tal como lo había reclamado la compañía) y detalló la cantidad de veces que se presentó en las audiencias para llegar a un arreglo.
Analizó después la situación de la compañía: “no tiene actividad comercial, se encuentra en una situación ruinosa, en los términos informados tanto por la Sindicatura Controladora, como por la Sra. Interventora y el Estudio Evaluador, sin poder afrontar mínimamente sus ahora reducidos gastos ordinarios -que se satisfacen mediante donaciones societarias- y con un desmesurado pasivo concursal y postconcursal”.