Luciano Arruga fue visto por última vez el 31 de enero de 2009. Tenía 16 años. Desde entonces nadie supo nada de él. Como Julio López, se trata de un desaparecido en democracia. Lo que se sabe no deja lugar a dudas: testigos dijeron haber visto como Luciano era subido por la fuerza en un patrullero de la Policía Bonaerense.

“A mi hermano la policía lo detenía sistemáticamente porque no quería salir a robar para ellos, que le habían ofrecido armas, auto y liberarle la zona”, dijo Vanesa Orieta, durante una conferencia de prensa en la tarde del jueves en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Los abogados que representan a la familia de Luciano, el CELS y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, reclamaron a la Justicia que el caso pase al fuero federal y comience a ser investigado como una “desaparición forzada” y deje considerarse como hasta ahora una simple «averiguación de paradero”.

El titular del CELS denunció que la bonaerense recluta pibes para robar.

En la rueda de prensa estuvieron Vanesa Orieta; el presidente del (CELS), Horacio Verbitsky; el secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, Alejandro Mosquera, y el presidente de la APDH-Matanza, Pablo Pimentel. Allí destacaron que «existen serios indicios de la participación policial en la privación ilegal de la libertad de Luciano Arruga y luego de cuatro años no hay ninguna información sobre su paradero, ni se han identificado a los responsables».

“Pedimos el enjuiciamiento de la fiscal Roxana Castelli por delegar la investigación en los mismos policías sospechados, sabiendo esto porque Vanesa lo había declarado”, dijo a su vez Juan Manuel Combi, abogado de APDH de La Matanza, quien representa a los Arruga desde 2009.

Luciano fue interceptado por policías bonaerenses en Lomas del Mirador y fue trasladado a la comisaría 8ª de ese distrito, según un peritaje realizado por perros dedicados a la búsqueda de rastros. La familia de Luciano le pidieron en agosto al gobernador Daniel Scioli que los agentes involucrados fueron separados del caso, sumariados y exonerados.

“Estamos ante un típico episodio de inseguridad. Y uno de los peores porque estamos hablando de la desaparición forzosa de un adolescente, detenido y golpeado varias veces por la Policía Bonaerense, cerca de su familia que escuchaba los gritos de Arruga desde la puerta de la comisaría de Lomas del Mirador”, dijo Verbitsky.

Según el titular del CELS se trata de una práctica sistemática de la bonaerense la de reclutar jóvenes de barriadas marginales para hacerlos robar en su beneficio. “Esto es algo que ya denunció el juez platense Luis Arias que habló de una ‘multiplicidad de casos’ y también el ex ministro de Seguridad bonaerense (Carlos) Stornelli. También quedó probado en el informe final por el caso del asesinato de Candela (Rodríguez), que mostró la impunidad de la policía para encubrirse”, dijo.

“El gobernador Daniel Scioli nos recibió en agosto pasado –recordó Vanesa Orieta–, tres años después de que desaparezca Luciano. Nos prometió sumariarlos y exonerarlos. Y esas cuestiones administrativas ni siquiera avanzaron.”

“La fiscal Castelli tardó 45 días en recibir a los familiares de Arruga. Y cuando los recibió estaba con los policías implicados detrás de ella. Esta es una de las causas más graves del país y me preocupa que se naturalicen estas cosas horribles”, dijo el titular de la APDH de La Matanza.

El CELS explicó en un comunicado que además de la federalización del caso y el enjuiciamiento a la fiscal Castelli, se realizó una presentación en la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense para que se investigue “la responsabilidad de los policías sospechados, las maniobras de encubrimiento cometidas durante la instrucción de la causa y las irregularidades advertidas en la comisarías involucradas”.