Fernández Garello está en el cargo desde 1999.

Desde que en 1999 se reformó el Código Procesal Penal en la provincia de Buenos Aires, Fabián Uriel Fernández Garello, ocupa el puesto del fiscal general en el Departamento Judicial de Mar del Plata. Se trata de un cargo de enorme poder, ya que dirige a todos los fiscales de esa jurisdicción en la ciudad más importante del interior bonaerense. Y Fernández Garello seguía acumulando influencia, hasta que el pasado se hizo presente.

Según un informe generado hace unos días por de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Fernández Garello fue agente de inteligencia de la policía provincial durante la dictadura militar y participó en varios casos de secuestros y torturas de militantes políticos. Fernández Garello no informó sus antecedentes cuando fue designado en el cargo.

Por ese motivo, la CPM, presidida por el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, pidió la renuncia del fiscal general y elevó los antecedentes del funcionario a la titular de la Procuración General de la provincia, la renunciante María del Carmen Falbo, y al titular de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Luis Genoud.

Los antecedentes de Fernández Garello como integrante de la Delegación San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) durante la dictadura surgieron a partir de pedidos de de informes en causa judiciales en trámite por delitos de lesa humanidad.

La CPM es la depositaria de todos los archivos de la DIPBA desde su disolución y remite información a los juzgados que lo requieren por causas en trámite sobre crímenes cometidos por represores durante la dictadura. Así fue como desde el juzgado federal de San Martín se pidió información sobre la actuación de la DIPBA en San Martín.

“Participó en acciones directas, secuestros y torturas, en el caso de tres militantes del Partido Comunista. Aparece su nombre en un acta”, dijo a CyR el secretario general de la CPM, Roberto Cipriano García.

«Fernández Garello integra esa delegación por lo menos hasta 1982. Esto está documentado, no es una elucubración nuestra, son los propios documentos de la Policía Bonaerense», aseguró Cipriano García y añadió que en esos documentos «se acredita su participación en 17 hechos de espionaje político y gremial».

Entre esos hechos, dijeron, aparece su participación en una reunión de Madres de Plaza de Mayo con el Episcopado «donde el informe de quien está presente en esa reunión es el del actual fiscal general». Dijeron que su nombre aparece en documentos vinculados a espionaje hasta en reuniones de cooperadoras escolares y de asociaciones sindicales.

El secuestro de los tres militantes comunistas ocurrió en 1981 y al año siguiente, uno de los tres fue secuestrado de nuevo. En los dos casos hubo torturas a los secuestrados, que luego fueron derivados. Ese caso es investigado en la justicia federal de San Isidro y el fiscal federal de ese distrito Fernando Domínguez pidió que su colega marplatense sea investigado por privación ilegal de la libertad y torturas.

El otro cargo por el que se investiga a Fernández Garello es el secuestro, torturas y homicidio de Ana María Martínez, una militantes del Partido Socialista de los Trabajadores, secuestrada y asesinada en febrero de 1982.

Fernández Garello, a través de un comunicado, negó estar involucrado en los hechos e hizo referencia sólo a uno: el de Martínez. El fiscal señaló que el hecho se concretó el 4 de febrero de 1982 cuando él prestaba funciones en otro lugar.

Los padrinos

Pero desde la CPM ratificaron su participación en el espionaje previo al crimen. «Es cierto que él después pasa a prestar funciones en Haedo. Pero todo lo que lleva al asesinato de Ana María Martínez es el trabajo de inteligencia previa. Ese crimen no se podría haber cometido sin inteligencia previa», dijo Cipriano García.

Fernández Garello tiene fuertes respaldos en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aieres. Sus padrinos -dicen quienes conocen sus antecedentes- son la procuradora María del Carmen Falbo, quien le confió una experiencia piloto para instrumentar la Policía Judicial en Mar del Plata y el juez de la Suprema Corte, Eduardo Pettigiani.

Fernández Garello fue funcionario de la Secretaría de Seguridad que encabezó Pettigiani durante la gobernación de Eduardo Duhalde. Cuando Pettigiani fue candidato a intendente de Mar del Plata Fernández Garello fue elegido concejal, hasta que fue designado primero como juez de Garantías y luego como fiscal general de Mar del Plata, cargo que ocupa desde 1999 hasta la actualidad.

“Quien desempaña el rol de fiscal debe tener una condición ética, moral, y un desempeño y antecedentes que no pueden ser incompatibles con la democracia. La permanencia de funcionarios marcados por estos delitos genera mucha sospecha sobre la justicia y atenta contra la democratización del poder judicial”, dijo Sandra Raggio, directora general de la CPM, durante una conferencia de prensa en Mar del Plata.

«Fernández Garello prestó servicio en la DIPPBA durante la dictadura militar y desarrolló actividades vinculadas con los objetivos operativos de la agencia, que era la persecución en el marco del terrorismo y el genocidio. Todo esto está acreditado por los mismos documentos de la Policía de la provincia de Buenos Aires», agregó Raggio.