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Scapolan en un operativo reciente.
El martes 28 se debería realizar la primera audiencia del juicio político contra el suspendido fiscal de San Isidro, Claudio Scapolan, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita, integrada en su mayor parte por policías, que armaba causas y a la que se la acusa de haberse robado media tonelada de cocaína en un procedimiento.
Pero desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) advierten que podrían existir “posibles maniobras dilatorias originadas en la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la legislatura provincial”, para postergar el jury contra quien fue uno de los fiscales más poderosos del Departamento Judicial de San Isidro.
La causa contra Scapolan se llevó adelante en la justicia federal y la jueza Sandra Arroyo Salgado denunció en un programa televisivo el año pasado que le habían sacado el expediente en el que investigaba a Scapolan porque había sido recusada con éxito gracias a que los abogados que representan al fiscal tenían “aceitados contactos políticos”, y se refirió concretamente a quien fue el jefe de gabinete de Cristian Ritondo cuando fue ministro de Seguridad provincial.
Una de las principales denunciantes de Scapolan, quien había llegado a su cargo gracias al exfiscal de San Isidro, Julio Novo, fue la entonces diputada nacional Elisa Carrió, quien también tiene entre sus principales apuntados a Ritondo, actual precandidato a gobernador bonaerense por el PRO.
A fines de diciembre del año último, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, presidido por la jueza Ana María Bourimborde, aceptó la acusación hecha por el Procurador de la Corte Bonaerense, Julio Conte Grand, y resolvió, por 9 votos a favor y 1 en contra, suspender a Scapolan de su cargo y embargar el 40 por ciento de su sueldo.
“Existen elementos suficientes para, a primera vista, considerar verosímiles las imputaciones endilgadas, las que alcanzan para admitir la acusación y, consecuentemente, disponer la suspensión del funcionario enjuiciado”, argumentó entonces el tribunal al suspender al fiscal que había sido denunciado en 2016.
El jurado de enjuiciamiento que encabeza la jueza Bourimborde está integrado además por los conjueces legisladores Senador Juan Pablo Allan (Juntos), Diputado Daniel Andrés Lipovetzky (Juntos), Diputado Walter Carusso (Espacio Abierto Juntos), Senadora Sofía Vanneli (Frente Renovador -Todos) y Diputada María Eugenia Brizzi (Juntos) y los conjueces abogados Carlos Fernando Valdez, Héctor Benito Mendoza Peña, Carlos Garavaglia, José Manuel Del Cerro y Juan Emilio Spinell.
La causa contra Scapolan, policías, abogados y empleados judiciales había sido llevada adelante por la jueza Arroyo Salgado y el fiscal federal Fernando Domínguez, quien acusaron al fiscal suspendido de jefe de asociación ilícita; instigador de falso testimonio agravado por haber sido cometido en causa criminal en perjuicio de los inculpados; uso de documento público falso; falsedad ideológica de documento público reiterada en dos oportunidades una de ellas en calidad de instigador y la restante en calidad de autor; sustracción de medio de prueba; tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada por haber intervenido tres o más personas organizadas para cometerlas y por haber sido cometido por un funcionario público encargado de la prevención o persecución de este delito, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros.
Tras el procesamiento dictado por Arroyo Salgado, la Cámara Federal de San Martín revocó la medida y “dictó su falta de mérito para la mayor parte de los delitos imputados, confirmando solo el delito de falsedad ideológica de documentos públicos en el caso más resonante –caso “Anacona”- donde se comprobó el robo de alrededor de media tonelada de cocaína secuestrada en un procedimiento judicial”.
Según la CPM, “no obstante la gravedad institucional que rodea el caso, ha trascendido públicamente posibles maniobras dilatorias originadas en la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la legislatura provincial, las cuales tendrían como objetivo solicitar dicho expediente para analizarlo, postergando e impidiendo así el inicio del juicio político contra el fiscal Scapolan”.