Por Ignacio Ramírez.

Organizaciones sociales y un fiscal denunciaronn la crítica situación que padecen los 144 internos sin condena que están alojados en los pabellones 1 y 2 de la Unidad Penitenciaria Nº 6 de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba.

El hacinamiento colectivo de los detenidos provoco un pedido formal del fiscal penal de turno de esa ciudad, Julio Rivero, quien solicito un hábeas corpus colectivo y correctivo por las condiciones de vida de los reclusos.

El juez de Control y Garantías de Río Cuarto, Daniel Muñoz, se hizo eco del planteo y  ante la crítica realidad de la cárcel provincial realizó un pedido de informes formal a las autoridades del Servicio Penitenciario de Córdoba.

En mayo último, durante una inspección en el penal se reveló que siete u ocho presos vivían en una celda de 3 por 4 metros de superficie, donde deberían estar alojados según protocolos penitenciarios no más de cuatro personas.

La Justicia denunció las malas condiciones de vida de los presos.

No es la primera vez que en Córdoba un fiscal detecta condiciones infrahumanas en los penales. El fiscal Abel Córdoba, titular de la Unidad Fiscal contra la Violencia Institucional, denunció la presencia de cadenas y otros elementos de coacción el 10 de mayo en una inspección sorpresiva realizada a la Unidad Penitenciaria Nº 1 de barrio San Martín de la capital de la provincia.

“No solamente hay hacinamiento en Río Cuarto. Esto produce inseguridad en el penal. Hay personal sobrecargado, excedido de horas adicionales, poco personal para los cuatro penales. Se trabaja en situaciones críticas. Para 1200 internos 20 empelados no es suficiente, se pone en riesgo a los efectivos y a los detenidos. Acá se sigue trasladando a los presos con cadenas porque las esposas están viejas sin trabas”, denuncia Adriana Rearte, Secretaria General del Sindicato Penitenciario y Policial de Córdoba (SEPPA). Hay aproximadamente 4000 efectivos penitenciarios en las cárceles, pero muchos de ellos están con licencias médicas o iniciaron trámites para jubilarse. Si se descuenta el personal administrativo, sólo quedarían unos 3200 efectivos para cubrir todos los turnos de todas las prisiones.

“A los internos hay que brindarles lo que la Constitución dice: cárceles sanas y limpias, y eso es lo que nosotros planteamos en su momento. Creo que el fiscal ha hecho muy bien en plantear esto por medio de una medida judicial para que se tome cartas en el asunto y se dé un cambio”, aseguró el vocal de la Cámara Segunda del Crimen de Río Cuarto, Emilio Andruet.

Las irregularidades y la superpoblacion actual es denunciada por la justicia, las organizaciones sociales y los sindicatos. El Estado provincial incumple con las condiciones mínimas de trato reconocidas a las personas privadas de su libertad.

“El gobernador José Manuel de la Sota, la ministra de Justicia, Graciela Chayep, y las autoridades del Servicio Penitenciario de Córdoba deben hacerse responsables del abandono al que se encuentran sometidos las personas privadas de su libertad a partir de la situación de la población carcelaria del penal riocuartense. Sin desconocer la necesidad de modernizar las prisiones existentes en pos de garantizar condiciones dignas de encierro, debe rechazarse la construcción de nuevas cárceles como única respuesta al hacinamiento y la sobrepoblación”, indica Andrés Guzmán, referente de la JP Evita de la provincia.