Por Rafael Saralegui
El fiscal federal Guillermo Marijuán, de fugaz fama dos años atrás cuando se dedicaba a buscar sin éxito los tesoros ocultos del empresario Lázaro Báez haciendo pozos en la Patagonia, fue denunciado por haber ordenado a la Policía Federal que realizara tareas de inteligencia sobre dirigentes estudiantiles de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), una medida expresamente prohibida por las leyes.
“El fiscal ordenó “discretas tareas de inteligencia” sin ninguna orden judicial en la causa que en 2015 abrió el abogado radical Ricardo Moner Sans contra los presidentes de la FUBA. Dicha orden viola la Ley de Educación Superior y la Constitución Nacional. La causa en cuestión fue reactivada recientemente, como parte de la avanzada contra la FUBA, que incluyó el fraude por parte de las agrupaciones estudiantiles vinculadas a la Franja Morada”, dijeron los denunciantes en un comunicado.
“Como abogada de derechos humanos y docente de la UBA, no puedo dejar de alarmarme por la medida ilegal de Marijuan, que nos retrotrae a las peores épocas de nuestra historia reciente. La Ley de Educación Superior, que prevé la obligatoriedad de la orden escrita de un juez para que la policía federal ingrese a las universidades públicas, fue sancionada en 1995”, dijo la abogada Elizabet Gómez Alcorta, representante de los dirigentes estudiantiles.
“Si el fiscal Marijuan actuó de esta manera por desconocimiento de esta ley con más de 20 años de vigencia, indica que no estaría en condiciones de mantenerse en su cargo. Y si la conocía y de modo voluntario y decidido, llevó a cabo esas tareas sin la orden judicial, indica aún más la arbietrariedad y la ilegalidad de su accionar en esta causa”, agregó la abogada.
Uno de los denunciantes, Lucas Tavolaro Ortiz, presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas de la UBA dijo que “los y las estudiantes y docentes estamos en estado de alarma, dado que no quedan dudas que la causa contra los presidentes de la FUBA es persecusión política. La causa se abrió en 2015 mientras la FUBA realizaba una campaña contra la designación del Vicerector Darío Richarte, quien fue nº2 de la SIDE, y hoy no casualmente vuelve a moverse. Hoy no solo pedimos la nulidad de la causa sino que denunciamos penalmente al fiscal Guillermo Marijuan porque no podemos permitir el precedente de que los servicios de inteligencia espíen de manera ilegal en la UBA”.
En la denuncia presentada hoy, los dirigentes de la FUBA recordaron que el 26 de noviembre de 2015 el fiscal dispone: “atento lo informado por dicha universidad, líbrese oficio al Comisario a cargo de la División Defraudaciones y Estafas de la PFA, a fin de encomendarle discretas tareas de inteligencia, por el término de quince días, respecto de los locales que se encuentran ocupados por la FEDERACION UNIVERSITARIA DE BUENOS AIRES –FUBA- en las distintas sedes de la Universidad de Buenos Aires –UBA- y sus Centros Básicos Común –CBC- que a continuación detallaré, como así también qué actividades se desarrollan en los mismos y se identifique a las personas que se encuentran a cargos:…”.
Según la denuncia, las tareas de inteligencia realizadas por los efectivos de la federal en ocho sedes universitarias donde la FUBA tenía locales, se prolongaron hasta abril de 2016, mucho más de los 15 días previstos originalmente. Las tareas de inteligencia incluyeron la toma de fotografías y hasta el secuestro de volantes, por ejemplo, de La Cámpora, la agrupación juvenil del kirchnerismo.
El texto de la denuncia sostiene que “la medida dispuesta por el Fiscal Marijuan, el 26 de noviembre de 2015, por el que ordenó el ingreso de fuerzas de seguridad –de la Policía Federal Argentina- a fin de llevar tareas de inteligencia en distintas sedes de la Universidad de Buenos Aires, no fue dispuesta por un magistrado –ni tampoco se encuentra fundada-, por lo que ella resulta ilegal”.
La abogada de los dirigentes pidió además que se declare la nulidad de la causa en la que se habían ordenado las tareas de inteligencia. Según los estudiantes, ese sumario se reactivó en los últimos días. Supuestamente, se investiga el desvío de fondos a través del dinero generado por la producción de apuntes fotocopiados.