Macri y Arribas, el ex jefe de la AFI.

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, denunció y pidió citar a declaración indagatoria al expresidente Mauricio Macri y a los ex responsables del organismo durante ese Gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por presuntas irregularidades en compras y contrataciones con empresas constructoras.

Pidió que se investigue a un conjunto de empresas constructoras en una serie irregularidades vinculadas a compras y contrataciones, por aproximadamente $10,8 millones y U$S 115.890, respectivamente.

Ese último, por ejemplo, fue el valor que se pagó por la compra de un mástil construido en el país, por lo cual no hay motivo para pagar en moneda extranjeras.

La denuncia describe tres operaciones llevadas a cabo durante la gestión de Arribas y Majdalani en el marco de la vigencia del Decreto 656/16, el cual confirió carácter secreto tanto al presupuesto asignado a la AFI.

Con la excusa del secretismo impuesto, se consumaron contrataciones en abierta infracción a las reglas y normas de administración de fondos públicos de la Agencia.

Resultó sorteado el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°6 que actuará junto a la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N°3.

Materiales que no están

En este sentido, uno de los hechos refiere a la contratación directa, entre agosto y octubre de 2016, de dos firmas con el objeto de realizar la remodelación integral del 5° piso de la sede central -concretamente, la oficina de la Dirección General- y la obra termomecánica del mismo lugar, por la cual la AFI abonó $10.599.239, cifra que representa U$S 706.616 al tipo de cambio de ese momento.

La remodelación alcanzó la suma final de $21.719 por metro cuadrado: gran parte de los materiales que figuran en el pliego no coinciden con los que se encuentran en el edificio.

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La denuncia pone de relieve que la firma adjudicataria ejerció competencias que son exclusivas de la Administración Pública, al efectuar el pliego de la obra y, más aún, sugerir la contratación de la empresa finalmente seleccionada para realizar parte de los trabajos, a pesar de haber cotizado un precio superior.

“De este modo, resulta evidente que no existió un criterio legítimo, de procedencia por urgencia o emergencia, razones de seguridad o defensa nacional, ni de necesidad lógica razonable de contratación”, concluye la presentación.

Un mástil en dólares

Otra de las irregularidades denunciadas tiene que ver con la contratación directa de una firma para la provisión e instalación de un mástil, en noviembre de 2016, servicio por el cual la AFI pagó la suma de U$S 106.855,10.

A pesar  de ser un proveedor local, con sede en el país y cuyos bienes y servicios no son importados, se pagó en dólares.

No se encontró ninguna justificación para tal proceder, que derivó en un grave perjuicio económico para el organismo.

En el mismo expediente figura una ampliación del contrato por U$S 9.038 por trabajos ya previstos, por lo que se supone que se habría pagado dos veces el mismo servicio.

La denuncia solicita que se investigue otra contratación directa realizada en mayo de 2016, con el objeto de realizar obras de pintura general y reparaciones en uno de los edificios de la AFI, por un total de 277.586 pesos.

El procedimiento se efectuó por fuera de la normativa vigente, con la particularidad de que, según la documentación encontrada en la Agencia, la obra en cuestión se realizó con anterioridad a la conformación del expediente.

Expediente armado

Es decir, primero se hizo la obra en modo discrecional y luego se armó el expediente y se perfeccionó el contrato.

Así se incumplió el debido proceso tanto de forma como de fondo, vulnerando los principios de transparencia, legalidad y razonabilidad establecidos para el manejo de fondos públicos.

Caamaño encuadró los hechos bajo análisis en los delitos de administración fraudulenta, negociaciones incompatibles y violación de los deberes de funcionario público.

Requirió que se cite a prestar declaración indagatoria a Macri, Arribas y Majdalani, entre otros ex funcionarios del gobierno anterior.