Por Soledad Escobar

Soledad Escobar

El hallazgo del cuerpo de Luciano Arruga, quien se encontraba enterrado en el cementerio de la Chacarita como NN, volvió a poner en discusión la metodología, el modus operandi y el accionar de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; unas prácticas que se asemejan, cada vez más, a los métodos utilizados por la dictadura militar a partir del golpe del 24 de marzo de 1976.

Arruga, quien se encontraba desaparecido desde hace seis años (31 de enero de 2009), pudo ser hallado luego del pedido de habeas corpus solicitado por la familia del chico y presentado por las autoridades del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo que se comprometió fuertemente en la investigación para dar con el paradero del joven y que denunció en reiteradas oportunidades la desidia por parte del Estado en el avance de la investigación.

La hipótesis de los familiares, y del CELS, es que Arruga, quien tenía apenas 16 años cuando desapareció, fue atropellado en forma sospechosa cuando intentaba cruzar la Avenida General Paz desde Lomas del Mirador hacia la Capital y que su muerte ocurrió tres horas después de haber sido detenido por personal policial de esa localidad. Para la familia y el CELS, Arruga fue apresado y torturado por negarse a robar para la policía del partido de La Matanza.

Este caso, viene a dar cuenta de las denuncias que el Dr. Luis Federico Arias, Juez en lo Contenciosos Administrativo de la ciudad de La Plata, viene realizando desde hace varios años sobre el accionar de la Policía Bonaerense. El magistrado explicó que “la policía recluta menores para delinquir y que las detenciones por averiguación de antecedentes se usan como método de alistamiento”. En ese marco recordó que en el año 2009 “había fallado contra este tipo de aprehensiones, pero la Cámara Penal de Apelaciones de esta ciudad anuló esa sentencia” y que cuando el Ministro de Justicia Ricardo Casal le pidió pruebas sobre esas denuncias, el magistrado envió a los medios un listado con “23 investigaciones penales de 2008 y 2009 por apremios y torturas a chicos de la calle, en las que se dejaba traslucir la idea de reclutamiento».

En ese marco Arias recordó, también, el homicidio de Daniel Capristo, asesinado a tiros por un chico de 12 años en Valentín Alsina. “Sobre ese caso se sospecha que el menor que le quitó la vida a Capristo, recibía por parte de policías de la zona 40 dosis de paco por cada automóvil que robaba”.

El magistrado señaló, además, el homicidio del ingeniero Ricardo Barrenechea, ocurrido en 2009 en Acassuso, partido de San Isidro, en el que se sospecha que participaron menores de edad que habrían sido reclutados por la policía bonaerense en La Matanza para cometer delitos en la zona norte del conurbano.

Para el magistrado platense, estas denuncias tienen un punto en común con la inundación ocurrida en la ciudad de La Plata el 2 de abril de 2013. Durante la misma, destaca Arias, “hubo múltiples irregularidades en el ámbito del Gobierno, la Policía y el Poder Judicial en torno a la investigación por la cantidad de muertos que provocó la trágica inundación; la que dejó como saldo 89 muertos”.

En tal sentido, el Dr. Arias recordó que “hubo cosas increíbles, como el hecho de que dos personas fueron enterradas con el mismo nombre», y que descubrieron una “modalidad de ocultamiento de cuerpos que puede haberse aplicado con Julio López y que evidentemente se aplicó con Luciano Arruga”. Arias dijo que “es muy grave que se usurpe la identidad de una persona para enterrar a otra».

Por ello el magistrado volvió a insistir con la idea de que es necesario “desactivar todos los mecanismos del Estado que cuentan con la complicidad de ciertos sectores de la Justicia penal y se prestan para estas maniobras”.

En ese contexto,  destacó que durante la inundación en La Plata «se ocultó información y nos costó muchísimo relevar todos los ámbitos de la administración pública” Por caso citó cuando en el registro de las personas tuvo que “ir y secuestrar la información por la negativa a dármela». Y agregó: «A la morgue, la misma policía no me dejó entrar. No conozco las motivaciones para que se hayan ocultado la información, pero quedó probado que el Poder Ejecutivo tuvo la intencionalidad de frenar el número de víctimas».

Por último, cuestionó a la policía al asegurar que «hay una estructura policial que es una maquinaria al servicio del Estado para hacer cualquier tipo de irregularidad que podríamos imaginar. De hecho el fiscal que intervino en los distintos hallazgos de cuerpos, el doctor Juan Cruz Condomí Alcorta, avalado en su accionar por la Procuradora María del Carmen Falbo, delegó todo a la comisaría primera de La Plata y se adulteraron certificados de defunción», sentenció el juez.

Por último señaló que el andamiaje judicial y policial en la provincia de Buenos Aires, parece obrar a partir del prejuicio, ya que “en el caso de los chicos que son violentados por la policía, y reclutados para cometer delitos,  hay un claro componente orientado a discriminar a los chicos por su condición social, lugar de origen, nivel de instrucción, color de piel: se elige preferentemente a chicos pobres y de barrios marginales”.

Actualmente, en el juzgado a cargo de Arias tramitan diversas causas vinculadas a las irregularidades policiales, con casos que dan cuenta de estas prácticas policiales para ocultar cuerpos, enterrándolos como NN o con otra identidad.

Fuente: Agencia Paco Urondo.