El gobernador De la Sota no quiere más rebeliones.

Por Javier Sinay.

La semana pasada, el gobernador José Manuel de la Sota visitó a una tropilla de gendarmes enviados por el Gobierno nacional a la provincia de Córdoba. “Quise apersonarme aquí para testimoniar el agradecimiento de todos los cordobeses por la presencia de ustedes en nuestra provincia”, les dijo a los de verde, que han llegado en número de mil y que permanecen apostados en el Batallón de Comunicaciones 141, con asiento en el Tercer Cuerpo de Ejército, de la ciudad de La Calera, a 19 kilómetros de la capital cordobesa.

El ministro de Gobierno, Walter Saieg; y el jefe de Policía, Julio César Suárez, acompañaban a De La Sota, que después, ante la prensa, agregó: “Esa presencia lleva tranquilidad y ayuda a que recuperemos la paz social después de los lamentables hechos que ocurrieron el 3 y 4 de diciembre pasados. Todos los cordobeses queremos vivir en paz. Queremos realmente disfrutar de nuestra libertad, y la presencia de esta fuerza de operaciones federales en nuestra ciudad ha ayudado al gran esfuerzo que vienen llevando adelante las autoridades policiales de nuestra provincia para reconstruir la fuerza policial y para reconciliar a nuestra policía con la sociedad civil, lo que necesitamos lograr prontamente”.

En realidad, el gobernador estaba enviando un mensaje hacia sus propias fuerzas de seguridad, muy recelosas de las decisiones de este líder político desde que a principios de diciembre les negó cualquier tipo de apoyo en su huelga con ecos de levantamiento. Las relaciones entre el Poder Ejecutivo y la policía cordobesa no se han estrechado, tampoco, desde que 23 policías (5 oficiales superiores, 12 oficiales jefes, 3 oficiales subalternos y 3 suboficiales) fueron pasados a retiro obligatorio la semana pasada, sumándose a otros cinco comisarios mayores que ya habían sido alejados antes, por lo que en total son 28 los efectivos cesanteados.

El gobierno provincial indicó a través de un comunicado que estos empleados “dejaron de pertenencer a la fuerza policial” y afirmó que los decretos que los dejaron afuera “fueron en concordancia con la propuesta de la Junta de Promociones y Retiros de la Policía de Córdoba a los fines de la reestructuración de la fuerza policial para el presente año”.

Aunque el gobierno quiere dar la sensación de que el pase a retiro de los policías se debe a un ciclo natural en sus funciones y no tiene nada que ver con un posible nuevo acuartelamiento, lo cierto es que De la Sota ha recibido un fuerte apoyo del gobierno nacional para evitar un nuevo pico de tensión que no le convendría a nadie. En conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, reconoció que el Gobierno nacional lleva adelante un “monitoreo de Córdoba y Entre Ríos” ante los descontentos que puertas adentro todavía atraviesan a las fuerzas de seguridad.

El cordobés De la Sota ya aclaró a sus tropas que quien proteste de cualquier manera y “abandone a la sociedad» será echado. “Se terminó el hecho de que cualquiera cree que siendo policía puede protestar de cualquier manera y abandonar a la sociedad a los ladrones. El que piense eso, que se prepare para ser echado de la fuerza”, dijo, en tanto la Justicia de la provincia detuvo a 17 personas –entre ellas, 16 policías y una ex agente y esposa de un efectivo–, por la participación en el autoacuartelamiento de diciembre. Raúl Garzón, fiscal del Distrito III de la ciudad de Córdoba, instruye la causa y no descarta más detenciones de policías en tanto busca determinar si hubo uniformados que hayan participado activamente en los saqueos.