Por Ignacio Ramírez.

La madre de Candela Sol Rodríguez, la menor asesinada en septiembre de 2011, criticó el informe final de la Comisión Especial de Acompañamiento para el Esclarecimiento del Asesinato de la Legislatura provincial, que elaboró un duro informe aprobado en mayoría que cuestionó con severidad la labor de la Policía Bonaerense.

En medio de una controversia con derivaciones políticas, Carola Labrador, madre de la víctima, y asesorada por el abogado mediático Fernando Burlando cuestionó duramente la labor de esa Comisión legislativa. Burlando asesoró a Labrador, sin que nunca se supiera quien pagaba sus abultados honorarios.

Candela fue asesinada en septiembre de 2011.

La presentación formal fue ante la Fiscalía N| 8 de La Plata, a cargo de Marcelo Romero. En el escrito presentado pide que se investigue si en ese informe final del cuerpo legislativo se tergiversaron o plantaron dichos de los testigos que denunciaron básicamente la corrupción policial, judicial y mediática.  Además de cuestionar el informe, Carola apunto contra dos asesores el abogado Marcelo Mazzeo y la secretaria de la Comisión y ex funcionaria, Marta Arriola.

La mujer hoy dispara contra una investigación que fue aprobada por unanimidad luego de meses de investigación: siete de los nueve miembros de la Comisión Especial avalaron el duro informe. El trabajó incluyó dos denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionario público, cuatro denuncias y pedido formal de Jury, siete pedidos de separación del cargo y exonerar al jefe de la policía Hugo Matzkin, a su antecesor Juan Carlos Paggi y otros seis altos cargos de la policía científica y distrital y 37 pedidos de separación del cargo e iniciar Investigaciones Sumarias Administrativas.

La polémica presentación firmada por la madre de Candela y los abogados que la patrocinan, Fernando Burlando y Fabián Améndola, pide que se investigue si la redacción final del informe “refleja cabalmente” lo declarado por los testigos que declararon en la comisión investigadora conformada en la Legislatura bonaerense, porque  “habría diferencias entre lo redactado y la versión taquigráfica”.

Las críticas al escrito fueron varias. La senadora Isabel Gainza (CC), integrante de la Comisión, calificó como “un disparate” la presentación de los abogados y afirmó que “a pesar de mi escepticismo inicial, reconocí cuando hablé, y reconozco ahora, que en la comisión se trabajó con mucha seriedad y responsabilidad, y eso vale para cualquiera. La redacción del informe no fue hecho para repetir las versiones taquigráficas, hay una valoración y una fundamentación de por qué nosotros terminamos pidiendo todo lo que pedimos”, aseguró.

En voz baja, muchos senadores reconocen que existe una clara operación para desprestigiar el trabajo de la Comisión Candela, que denunció una red de complicidades y una suerte de sociedad criminal entre narcos, policías, y funcionarios judiciales con el único fin de desprestigiar la comisión especial, que reveló la conexión del crimen de la niña con el narcotráfico de San Martín, línea que nunca fue investigada por la Justicia.

El trabajo de la Comisión ha permitido en definitiva abrir el juicio político contra los principales funcionarios judiciales sospechados de desviar la causa de la pista narco: el juez de Garantías de Morón, Alfredo Meade, el fiscal general de ese mismo departamento judicial, Federico Nieva Woodgate, y el fiscal de instrucción Marcelo Tavolaro.

El informe legislativo fue además un duro revés para el gobernador Daniel Scioli que respaldó el trabajó de la Policía Bonaerense, aunque el crimen nunca pudo ser esclarecido.