Por Alejandro Bercovich

Aunque se llevaron con justicia la portada de los diarios de ayer por su alcance político, no fueron la Emergencia Social ni la reforma de Ganancias las que retuvieron a los diputados en el Congreso hasta pasadas las cuatro de la mañana. Lo que extendió su vigilia hasta esa hora infausta fue el proyecto para reformar la ley de tarjetas de crédito, por el que chocaron de frente dos de los lobbies más poderosos del país: los bancos y el comercio. Y donde se dirime quién de ellos embolsará cientos de millones de pesos al año. Con el mismo apuro con el que se trata todo a esta altura del año, el oficialismo parlamentario debió mediar entre ambos mientras desde el Ejecutivo se revivía un debate que parecía archivado pero que ahora promete nuevas conflagraciones: la flexibilización laboral. Fue el saldo de otra semana negativa en lo económico para Cambiemos, donde las únicas sonrisas las dibuja la fragmentación creciente del peronismo.

Las malas noticias seguirán hoy, cuando el INDEC difunda su estimación del desempleo en el tercer trimestre. Es la variable que condensa todas las batallas de estos días y que gravita tanto como la dinámica del consumo sobre las elecciones legislativas que Cambiemos necesita ganar sí o sí, al menos en el estratégico territorio bonaerense. Lo sabe Jorge Triaca, quien debió pedir disculpas a los “gordos” de la CGT por no haberles acercado un borrador de la reforma de Ganancias que giró al Congreso Alfonso Prat-Gay sin consultarlo. Pero no por eso el ministro se privó de pasar el aviso que más tarde ratificó Mauricio Macri en una Conferencia Industrial donde el aire se cortaba con cuchillo: después de los petroleros de Vaca Muerta, los sindicatos que representan a los operarios de frigoríficos y al personal de las clínicas aceptarán renunciar a parte de los derechos consagrados en sus convenios colectivos.

–¿Hay otros convenios que estén negociando flexibilizar? -preguntó BAE Negocios al ministro de Trabajo apenas bajó del escenario que montó la UIA en Parque Norte.

–¡Nadie habla de flexibilizar! -replicó Triaca, sabedor de los fantasmas que agita la palabra que se puso de moda en tiempos de su padre.

–¿Qué busca entonces el acuerdo con los petroleros y los que negocian ahora?

–Reducir costos y mejorar la productividad -sintetizó. Eufemismos aparte y de no mediar una lluvia de inversiones que permita producir más con los mismos planteles, las dos únicas vías para mejorar la productividad (Y/L) son despedir personal o pagarle menos por el mismo trabajo. Es precisamente a lo que se están a punto de resignarse los petroleros de Guillermo Pereyra, al sacrificar las llamadas “horas taxi” y aceptar la polifuncionalidad en sus tareas.

Unidos o uberizados

Si bien Macri enfatizó que no se pueden crear empleos del siglo XXI con convenios laborales del siglo XX, los empresarios sienten que no termina de jugarse por esa línea flexibilizadora. Quizá por eso no conmovió a un auditorio patronal que coincide en ese aspecto con él pero que no interrumpió su discurso ni una sola vez con aplausos y que lo recibió con casi la mitad del salón vacío. Sus problemas hoy son otros. El mercado interno en recesión, por ejemplo, o la tendencia a importar cada vez más valor agregado y a exportar más materias primas, como le hizo notar el aplaudido Alfredo Chiaradía al secretario de Comercio, Mike Braun.

Sobre eso versaron los reproches que los industriales hicieron fuera del escenario al jefe de Gabinete del Ministerio de la Producción, Ignacio Pérez Riba. Primero fue Tomás Karagozian, heredero del mayor emporio hilandero de la Argentina, quien cuestionó que haya dado vía libre para ingresar mercadería a importadores como los que hasta diciembre representaba su padre, Diego Pérez Santisteban. “No podés comparar las importaciones de septiembre contra las de septiembre del año pasado porque el año pasado no había dólares”, le respondió de mal modo el funcionario. Más paciencia tuvo con el representante de la industria del calzado, Alberto Sellaro, quien le avisó que ya entraron más de los 24 millones de pares pactados para todo el año. “Aguanten que los estamos frenando”, prometió.

La discusión desborda a los sectores llamados “sensibles”, como el textil, el juguetero o el zapatero. Las concesionarias de autos se aprestan a cerrar el año con más de 680.000 cero kilómetros patentados, pero el 55% fueron fabricados en Brasil. Nunca como en este 2016 hubo tanta diferencia entre las ventas y la producción local, que apenas superará las 450.000 unidades. Eso ocurrió porque terminales como Fiat, Renault, General Motors y Volkswagen violaron el pacto bilateral que exige que por cada 100 dólares que exportan en autos y partes hacia Brasil no importen más que por 150 dólares. Como el de Energía con la deuda que las distribuidoras eléctricas mantenían con el Estado, el Ministerio de Producción acaba de condonarles la multa que les correspondía por haberse excedido.

El problema es que no está tan claro que el salto al siglo XXI ayude a crear empleos. Dio testimonio de ello el colapso de esta semana de Avenida.com, el sitio que co-fundó el ministro de Innovación porteño, Andy Freire, y que prometía convertirse en el Amazon criollo. Es lo que sostienen los luditas del siglo XXI que ven en las nuevas aplicaciones web y para celulares el mismo enemigo que veían en las máquinas los obreros que dos siglos atrás integraron ese movimiento. Pero también lo que afirman muchos empresarios y gremialistas que no rechazan la tecnología sino su falta de regulación. Lo dijo ayer en el Centro Cultural Kirchner el vicepresidente de la Federación Hotelera y Gastrónomica (FEHGRA), Rodrigo Verde, en un evento auspiciado por Triaca y por el sindicalista Luis Barrionuevo. “Dejemos de hablar de economías colaborativas cuando no lo son”, disparó contra sitios como Airbnb.

Desacuerdos

Los empresarios perciben esas ambivalencias, como si el Gobierno no se decidiera a pagar ciertos costos asociados a la modernización que pregona. En la pulseada de las tarjetas, por ejemplo, el macrismo optó por ceder ante actores viejos (los bancos) y no concedió todo lo que pretendían quienes impulsaban la reforma de la ley, entre los cuales había dos “unicornios” con los que adora mostrarse en público: MercadoLibre y OLX. La plataforma fundada por Marcos Galperín, que vende más que los diez mayores shoppings del país, deberá esperar hasta el año que viene para ver desmantelado el monopolio que TodoPago, la plataforma de Prisma, le hace sentir a su subsidiaria Mercado- Pago. La amenaza que terminó de convencer al bloque fue que no se pondría en marcha el plan “Ahora 18”, con el que aspiran a reavivar el consumo antes de las elecciones. Aún así hubo tironeos hasta la madrugada y un desprolijo lobby de Osvaldo Cornide, a quien Graciela Camaño terminó por echar del recinto.

Tampoco es el clivaje entre lo nuevo y lo viejo lo que explica la alianza del Gobierno con Techint, que aumentó a inicios de noviembre un 2% en dólares el precio de la chapa que vende en el país sin que nadie le reprochara en la UIA haberlo hecho. Como sí lo hizo con las cementeras, por ejemplo, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. El vocero en jefe de la “T”, Luis Betnaza, fue uno de los pocos optimistas que mostraban brotes verdes en la Conferencia Industrial. Razones (políticas) no le faltan: mientras el gobierno anterior lo incomodaba imponiéndole directores como Axel Kicillof en nombre de la ANSES, el actual le ofrece designar a quienes desee. Así asumió poco tiempo atrás Mario Gualtieri, un amigo de Diego Santilli a quien Techint también catapultó a la jefatura de la Unión Industrial bonaerense.

Son ayudas desde afuera que se aprecian en tiempos de estocadas internas puertas adentro. Como la de los hombres de Prat-Gay que empezaron a hacer notar a banqueros que Sturzenegger está flojo de papeles desde el 23 de septiembre, cuando se venció el mandato de Alejandro Vanoli que Macri le encargó por decreto completar en comisión. Cuando le pasó lo mismo a Mercedes Marcó del Pont, quien ya había conseguido aval del Senado con una ayudita de Carlos Menem, en 2010, Cristina Kirchner la ratificó mediante un nuevo decreto. Si bien después el Senado no volvió a ratificarla, siguió en comisión pero sin mandato vencido. Esta vez, en cambio, no hubo decreto. ¿Será porque el mismo Prat-Gay se negó a firmarlo?

Fuente: Diario BAE.