Por Rafael Saralegui.

La audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia antes de resolver el fondo de la Ley de Medios fue histórica por su trascendencia y por lo novedosa y aunque no sirve para aventurar que decisión tomará el máximo tribunal dejó algunas curiosidades que valen la pena destacar.

Durante la mañana, en las horas previas, con ese espíritu simplificador que muchas veces los caracteriza, varios periodistas decían en la radio que la audiencia iba a ser «igual» a las películas o series que muestran el funcionamiento de los tribunales de los Estados Unidos. Nada más alejado de la realidad: los jueces supremos, encabezados por Ricardo Lorenzetti, se limitar a escuchar con mayor o menor atención, las exposiciones de los amigos del tribunal admitidos por ellos mismos. Pero jamás realizaron preguntas, ni pidieron precisiones de ningún tipo a los expositores.

La Corte convocó a una audiencia histórica.

El juez supremo Raúl Eugenio Zaffaroni, a quien se señala como el más cercano a las posiciones del Gobierno, escuchó a los dos primeros expositores y luego se retiró para nunca más volver. Quizás sea un signo de su posición en la Corte: sería el único dispuesto a respaldar la consitucionalidad de la Ley de Medios.

La figura del amicus curiae, amigos del tribunal, se utiliza para escuchar la voz de quienes no tiene un interés específico en el litigio, no son las partes involucradas (el grupo Clarín y el Gobierno), pero pueden representr el interés de la sociedad. La selección que realizó la Corte fue al menos particular. Uno de los amigos que habló por el grupo Clarín fue el semiólogo Eliseo Verón, que apareció en representación de Codelco (Comité del Consumidor) cuando es público y notorio que es asesor del grupo Clarín y director académico de su maestría en Periodismo.

También fue llamativo que por el lado de Clarín hablaran dos representantes extranjeros: el venezolano Asdrúbal Aguiar Aranguren, del Observatorio Iberoamericano de Medios, y el chileno fue Eduardo Oteiza, de la Organización de Asociaciones de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, quien se presentó como propietario de radios en su país. Es díficil imaginarse que la Corte Suprema de Estados Unidos, por ejemplo, admitiera que empresarios de otros países se presentaran ante los jueces para defender a las corporaciones.

También fue llamativo que en el rubro «amigos independientes» se anotara a Cynthia Ottaviano, a cargo de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (integrada por representantes del Poder Legislativo de la Nación) pero que ocupa ese cargo a partir de la sanción de la Ley que ahora la Corte debe decidir si es constitucional.

Una de las exposiciones menos técnicas, pero más entusiasta, fue la Miguel Julio Rodríguez Villafañe, de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), quien detalló lo que significó la política expansiva de Clarín para los pequeños operadores de cable de localidades del interior del país. Cosechó un fuerte y espontáneo aplauso. Nadie pidió orden en la sala.

El periodista Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), fue el único que se permitió criticar a los jueces, cara a cara: «Celebramos la iniciativa de la Corte a favor de la transparencia y la comunicación, pero no coincidimos en la transformación del ‘amicus curiae’ en un subordinado ‘amicus partis'».

«Al constreñir a los amigos del tribunal a la abogacía de una parte, la Corte desmiente el pronunciamiento de su presidente contra la politización de la Justicia, y aplana como mera cuestión de partes un debate vital para la formación de la voluntad popular en una democracia más plena e informada. Además de las partes, hay un país afuera».

El cierre de hoy estuvo a cargo de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien ya dictaminó a favor de la Ley de Medios. La jefa de todos los fiscales apuntó contra Clarín al señalar su «posición construida violando Derechos Humanos» y dijo que se trata de un «oligopolio» sostenido con la «prensa escrita durante el terrorismo de estado», que obtuvo «excepciones legislativas y fallos judiciales contrarios a las leyes, gracias al enorme poder de lobby que tiene una potencialidad extorsiva proporcionada por la concentración emdiatica».

«Hoy son los medios los que ponen en jaque el poder de los gobiernos democráticos. Le pido a la Corte que garantice el derecho de todos los argentinos a tener una ley que garantice la comunicacon democrática», finalizó.

La audiencia tuvo un récord de medios que debieron inscribirse la semana pasada para poder presenciar la audiencia y fue transmitidad en tiempo real por el Centro de Información Judicial, con la idea de crear una sensación de transparencia. Pero la cierto es que cuando los jueces se reúnan para escribir su fallo esa audiencia será a puertas cerradas.