Por Rafael Saralegui.

Para cometer delitos violentos se necesitan armas. Y esas armas se venden en el mercado negro. El problema adquiere dimensiones impensadas cuando el principal proveedor del mercado ilegal es el propio Estado a través de efectivos de fuerzas de seguridad.

El juez federal Sebastián Casanello investiga el robo de 200 armas en perfecto estado de funcionamiento, entre las que había pistolas 9 milímetros y ametralladoras, de un depósito del Registro Nacional de Armas, que las tenía en custodia.

Las armas sustraidas estaban guardadas en dos bolsas, por lo que se descarta que hayan desaparecido mediante un “robo hormiga”. Quienes se encargaban de la custodia del armamento eran efectivos de la Policía Federal que realizaban allí tareas adicionales.

En la comisaría 38ª se robaron 29 armas. Hay tres imputados.

El juez requirió filmaciones de cámaras de seguridad donde se encuentra el depósito y de las instalaciones del organismo. La hipótesis principal es que falló la cadena de custodia de las armas que habían sido enviadas allí por jueces de todo el país, después de haberlas secuestrado en causas en trámite.

La sospecha de que el armamento robado fue destinado el mercado negro, se sustenta en que una de las armas robadas, según la denuncia que realizó el Renar, fue secuestrada a un delincuente durante un intento de robo en la provincia de Buenos Aires.

No es la primera vez que la sospecha sobre robo de armas recae en efectivos de la Federal. En la justicia de instrucción porteña hay una causa en trámite por el robo de 29 armas que estaban en custodia en la comisaría 38ª. También habían sido secuestradas en diversas causas judiciales.

Por ese caso la fiscal Mónica Cuñarro pidió la declaración indagatoria del comisario Carlos Grandal, jefe de la seccional cuando ocurrieron los robos, y de otros dos efectivos que trabajaban en el depósito donde se guardaba el armamento sustraido. Escuchas telefónicas realizadas en esa investigación permitieron inferir que las armas también iban al mercado negro.

La Red Argentina para el Desarme (RAD), una organización sin fines de lucro que promueve la restricción al uso de armas, pidió las renuncias del director nacional del Renar, Matias Molle, y del subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Registral, Ernesto Kreplak, como responsables políticos de la sustracción.

La entidad denunció que “en diciembre último, se cayó un proyecto de ley que creaba una nueva agencia de armas con media sanción del Senado, que esperó desde octubre de 2010 en la Cámara de Diputados para aprobarse. En el 2012, en instancias de comisión, se alcanzó consenso de todos los bloques para su aprobación. Sin embargo, el proyecto se dejó caer por expresa solicitud del Poder Ejecutivo Nacional, a través del Sr. Ministro de Justicia, Dr. Julio Alak”.

Para la RAD no hay motivos que expliquen porque se dejó caer el proyecto. “Tan así que se reconoció que las razones eran la “comodidad institucional”, aunque parecería que lo que en verdad se valoró fue la importante caja que ofrece el RENAR, sin controles externos y con un superávit de alrededor de 20 millones de pesos por año”.

La Red agregó en una declaración que “el RENAR se financia por la emisión de licencias y  autorizaciones y tiene un sistema de administración tercerizado en manos de AYCACIP, organización que nuclea a los productores y comerciantes de armas del país”.