Los presos deben ser ayudados cuando quedan en libertad.

Los calabozos de las comisarías tienen la función de mantener a una persona bajo encierro por un limitado período de tiempo: hasta que se resuelve su traslado a una prisión o hasta que un jnuez decida otorgar de inmediato su libertad.

Sin embargo, esta premisa pocas veces se cumple. En muchos casos porque no hay suficientes plazas en los sistemas penitenciarios y los calabozos de las comisarías pasan ocupar una función para los que no estaba previstos.

“Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…”, dice la Constitución Nacional, una máxima que tampoco se cumple en muchas cárceles federales y provinciales.

“Sin embargo, además de tener cárceles que no son ni sanas ni limpias, tenemos miles de personas encerradas en calabozos de comisarías. Lugares de encierro atroces que no permiten cumplir las finalidades de las penas y de los que nadie puede salir mejor de lo que entró”, advierte un informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penalaes y Sociales (Inecip).

El Instituto lanzó la campaña “No más presos en comisarías”, y como parte de esa movida presentós el Ránking provincial de personas encerradas en comisarías, que se propone alertar sobre la gravedad de esta situación ilegal.

El ranking busca mostrar la cantidad de personas privadas de su libertad alojadas en dependencias policiales en cada provincia argentina, en relación al total de personas encerradas por los sistemas de justicia de cada una de esas provincias.

Es decir, busca visualizar cuántos de los encarcelamientos ordenados por los jueces se cumplen en comisarías o en prisiones provinciales.

“El 31 de diciembre de 2022 (último relevamiento nacional disponible), más de 13.000 personas privadas de su libertad se encontraban alojadas en comisarías en condiciones de vida inhumanas”, dice el trabajo.

“Estos establecimientos no están autorizados para ese fin y, por lo tanto, carecen de la estructura necesaria para cubrir las necesidades básicas de estas personas, como salud, alimento e, incluso en muchos casos, un baño. Por no mencionar el objetivo de resocialización que deberían cumplir las cárceles, el cual resulta completamente inalcanzable para las personas detenidas en comisarías”, agrega el informe.

Cuantificados en porcentaje, la provincia de La Pampa es la que está peor. El 61,40% de los presos del sistema judicial están en comisarias, lo que evidencia el enorme déficit en la cantidad de plazas carcelarias.

En el mismo ranking siguen las provincias de Tucumán con el 51,86%, Santiago del Estero con 50,41%, Chaco con 47,08% y Chubut con el 43,15% de los detenidos alojados en las calabozas de las seccionales.