Cristina a su tercera indagatoria.

La causa por la que el juez federal Claudio Bonadio decidió llamar a indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner, a sus hijos y a otros imputados, se conoce como Los Sauces, porque es el nombre de la sociedad que agrupa las propiedades alquilados por la familia Kirchner.

El juez Bonadio entendió que existe un «grado de sospecha» suficiente para indagar a todos los imputados en la causa que investiga el alquiler de propiedades perteneciente a la familia de la ex Presidenta, a empresarios beneficiados con la obra pública en el kirchnerismo.

Según la acusación impulsada por el fiscal Carlos Rívolo en base a una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer, las propiedades fueron rentadas principalmente a los empresarios López y Báez como parte de un entramado para encubrir el pago de sobornos por la adjudicación de obra pública de manera ilegal.

«Cristina Fernández de Kirchner recibía dinero mediante un acuerdo que tenía la apariencia de un vínculo comercial pero encubría una promesa, en su condición de funcionario público, para otorgar más obra pública y omitir todo tipo de controles por parte del Estado», se afirmó en la denuncia.

Stolbizer aludió a un «acuerdo» consistente en la «entrega continua de dinero por parte de Lázaro Báez a través de sus empresas a la entonces presidenta, a través de sus empresas, a fin de que le sea otorgada obra pública», en un marco de «omisión funcional», es decir de «carencia de control por parte de organismos públicos».

La decisión de Bonadio se dio tras recibir en la causa el resultado de tres pericias, entre ellas una contable sobre las operaciones de Los Sauces vinculadas al rubro inmobiliario.

En particular se investigan los alquileres desde 2008 a las empresas Inversora M&S, Alcalis de la Patagonia, del acusado Cristóbal López y Valle Mitre, Loscalzo y del Curto y Kank y Costilla, de Lázaro Báez.

A lo largo de la investigación, Bonadío allanó las administraciones de consorcios de dos departamentos en la zona porteña de Puerto Madero, propiedad de la ex presidenta y del departamento donde vive Florencia Kirchner, en el barrio de Constitución.

También quedaron bajo investigación dos lotes en la ciudad santacruceña de Calafate, otros dos en Río Gallegos, uno en El Chaltén y la casa de la ex presidenta en Río Gallegos.

Según la investigación, la mayor parte de estas propiedades fueron alquiladas a las empresas de Báez y López, principales beneficiarios de la obra pública. La sociedad Los Sauces habría obtenido ganancias por unos 10 millones de pesos sólo de esos alquileres.

Entre los citados a indagatoria están los miembros del directorio de Los Sauces y las sociedades investigadas, escribanos vinculados a operatorias con inmuebles, el contador de la familia Kirchner Víctor Manzanares, y un socio de la familia Kirchner, Osvaldo Sanfelice.

La ex presidenta ya está procesada en la causa por la venta de dólar futuro al final de su gobierno, también a cargo de Bonadío, y en otra pesquisa por el direccionamiento de obra pública a favor del empresario Báez en Santa Cruz, que tramita el juez federal Julián Ercolini.

También está imputada en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, abierta por orden de la Cámara Federal de Casación y a cargo del juez Ariel Lijo.

Sin embargo, ésta será la primera vez que sus dos hijos tengan que presentarse como acusados en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro.