Los jueces federales que tienen sus despachos en Comodoro Py, se sabe, no son ajenos a los avatares de la política. Por eso en la mañana del lunes, uno de los diálogos más habituales entre abogados se refería a la forma en que reaccionarán los magistrados, después de la contundente victoria del oficialismo en las elecciones del domingo, que consolida el poderío de la alianza gobernante de cara al futuro.
Esta semana, Julio de Vido, el ex ministro de Planificación Federal, puede quedar detenido cuando la Cámara de Diputados vote su desafuero. Dos jueces pidieron el arresto del diputado la semana pasada: Claudio Bonadio y Luis Rodríguez, tras lo cual se activó el proceso de desafuero.
Rodríguez ordenó la detención de De Vido sin haber sido indagado. Es en la misma causa en la que el fiscal Carlos Stornelli -ex jefe de Seguridad de Boca Juniors- había pedido el arresto de De Vido en julio, pero que el juez había rechazado.
Lo hizo ahora que la Cámara Federal se lo ordenó en el expediente en que se investiga el presunto desvío de fondos destinado a la mina de carbón de Río Turbio. La Cámara sostiene que el exministro puede entorpecer la causa. Al menos Bonadio, ordenó su detención después de haberlo procesado por presuntos sobreprecios en la compra de gas licuado que llegaba al país en barcos.
Tras la segura caída de De Vido, las preguntas que se hacen en los ámbitos judiciales es: ¿quiénes pueden ser los próximos? ¿Puede ser detenida Cristina Kirchner, por ejemplo? ¿O su hijo Máximo, también diputado nacional como el ex ministro?
No es ilógico hacerse la pregunta, si se tiene en cuenta que uno de los hombres más poderosos de su gobierno tiene un futuro tras las rejas. De hecho, Bonadio citó a indagatoria a Cristina Kirchner para el próximo jueves en la causa en la que se investiga la denuncia de Alberto Nisman por la firma de un memorándum con Irán.
“Desde que se convirtió en senadora electa el domingo, Cristina ya tiene los fueros que la protegen. No creo que ningún juez se anime a ordenar su arresto sin pedir antes el desafuero, pero están pasando cosas nunca vistas. Cómo ordenar el arresto de De Vido sin haberlo indagado”, explicó un abogado con más de 25 años de trayectoria.
Cristina Kirchner ya tiene tres procesamientos. Uno se lo dictó Bonadío por los contratos de dólar futuro, por el supuesto delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública. Y es la que se encuentra más avanzada. También Bonadio la procesó, junto a sus hijos Florencia y Máximo, en la causa Los Sauces, por lavado de dinero y asociación ilícita. El tercer procesamiento se lo dictó Julián Ercolini por el direccionamiento de obras en beneficio del empresario Lázaro Báez, otro kirchnerista que está preso desde hace un año y medio. Bonadío también la procesará tras indagarla en la causa por la denuncia de Nisman.
De todos modos, hay quiénes evalúan que el eventual arresto de la ex presidenta puede ser perjudicial para al Gobierno por lo que significaría internacionalmente, como impacto mediático. Creen que se podría tomar como una persecución, más lueego de haber sido elegido senadora.
“La Justicia federal va a seguir actuando cómo hasta ahora, con viento a favor del Gobierno. Se podría haber frenado si el oficialismo perdía las elecciones pero, con este resultado están todos alineados”, agregó el abogado. Por eso, el futuro ambulatorio de la ex Presidenta pasó a convertirse en un de evaluación judicial y política.
Los jueces federales que están en la lista negra del Gobierno están inquietos, porque se sabe que el oficialismo cuenta con mayoría propia en el Consejo de la Magistratura. La suspensión del camarista Eduardo Freiler, acusado de enriquecimiento ilícito y mal desempeño, los tiene más que preocupados. Hoy arranca al juicio político contra Freiler y pocos creen que pueda zafar.
Otra de las figuras que el Gobierno tiene en la mira es la jefa de los fiscales nacionales, Alejandra Gils Carbó, casi una cuestión personal del presidente Macri, quien la ha acusado en público de armar causas en contra de funcionarios del Gobierno.
El viernes último el juez Pablo Cayssials hizo lugar a un planteo de la ONG Será Justicia, ligada a Cambiemos, y sostuvo que no es necesario el juicio político para remover de su cargo a la Procuradora General de la Nación. Le abrió la puerta de salida.
Allegados a Gils Carbó creen que el Gobierno aprovechará el nuevo mapa político en las dos Cámara para sancionar una nueva ley del Ministerio Público, que permita remover de su cargo a la Procuradora. La evaluación que se realiza es que sino consigue los votos necesarios para aprobar la nueva ley, la salida de Gils Carbó será mediante un decreto presidencial.
Y uno de los que se anota para reemplazarla es Gustavo Hornos, actual Cámarista de Casación Penal y con un pasado como fiscal federal en el fuero penal en los años 90, dicen en Comodoro Py. Hay que recordar que apenas asumió Macri quiso nombrar a dos jueces de la Corte por decreto, aunque luego decidió dar marcha atrás y siguió con los procesos previstos.
Otro abogado que anda a diario por Comodoro Py evalúa que alguien que debe haber quedado muy preocupado con las elecciones del domingo es, justamente, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, a quien la diputada Elisa Carrió, una de las grandes ganadoras del domingo lo tiene apuntado desde hace tiempo. La pregunta qué se hacen es cómo el Gobierno podrá contener una nueva embestida de Carrió contra el juez nacido en Rafaela, después de haber logrado el 51% de los votantes de la ciudad de Buenos Aires.
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