Cristina le pegó a Bonadio.

La ex presidente Cristina Kirchner apeló el procesamiento que le dictó el juez federal Claudio Bonadio, quien la consideró jefa de una asociación ilícita, y en un severo escrito presentado por su abogado, acusó al magistrado del delito de prevaricato, esto es, dictar resoluciones contrarias a la ley.

Además advirtió que puede recurrir a la Cámara Nacional de Casación Penal Federal, a la Corte Suprema de Justicia y ante organismos internacionales en una crítica muy rigurosa a la actuación del magistrado en la causa iniciada por una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer.

Bonadío procesó a la ex presidente y a sus hijos Florencia y Máximo, con el argumento de que a través de la empresa Los Sauces, se lavó dinero mediante el cobro de alquileres, por el otorgamiento de obras públicas a empresarios amigos y por la extensión de la concesión de máquinas tragamonedas en el Hipódromo, una medida que había adoptado Néstor Kirchner.

En el escrito firmado por el abogado Carlos Beraldi, se sostiene que Bonadío admitió que era incompetente para investigar esa causa porque es similar a la que instruye su colega Julián Ercolini, pero considera se equivoca en forma adrede cuando dicta los procesamientos y luego se desprende de la causa.

El juez trabó un embargo de 130 millones de pesos, además de procesar a Máximo y a Florencia, como jefes de una supuesta asociación ilícita destinada a canalizar el «dinero ilegal» proveniente de los presuntos «retornos» percibidos por los favores dados a empresarios amigos como Lázaro Báez y Cristóbal López.

El abogado sostuvo que se habían hechos varios planteos para sostener que Bonadio era incompetente para tramitar la causa, ya que son los mismos hechos que se investigan en la causa Hotesur, a cargo de Ercolini.

«Ahora de manera totalmente sorpresiva V.S. terminó reconociendo lo que se había postulado desde un primer momento, esto es, que no era competente para intervenir en la causa», dice Beraldi, pero lo crítica porque «de todas maneras dispuso el procesamiento y embargo preventivo de veintiún personas, vulnerando de la manera más grave que pueda imaginarse los principios constitucionales antes invocados».

Según Beraldi, «como es sabido, es una regla elemental para cualquier tribunal analizar como cuestión previa su competencia para conocer en el hecho», antes de seguir con el trámite de un expediente.

El abogado sostiene que el auto de procesamiento carece de rigor, no especifica como se relacionaron los 21 integrantes de la supuesta asociación ilícita, cuándo comenzó a funcionar y que tampoco se rebatieron los descargos de los acusados cuando se presentaron a prestar indagatoria.

«En rigor de verdad y para ser concreto, la instrucción de esta causa resultó ser un mero montaje judicial para lograr alto impacto mediático que inevitablemente iba a concluir como se había planificado previamente: con el dictado de un procesamiento, decisión que naturalmente ya estaba tomada desde el inicio mismo del proceso; ello, sin importar el resultado de todas las diligencias probatorias que de manera convergente y unívoca acreditaron que no ha existido en el caso delito alguno», sostuvo Beraldi.

La defensa aseguró que «todos los inmuebles que componen el patrimonio de Los Sauces SA se encuentran declarados ante los organismos de contralor según la normativa, siendo falsos todos los trascendidos periodísticos que pretenden poner en duda tal circunstancia».

Y en ese sentido reforzó que «todos los movimientos económicos de la sociedad se encuentran bancarizados, lo cual permite una total trazabilidad de los fondos en danza».

«No se entiende ni se explica de qué manera el pago de alquileres con dinero que en todos los casos se encuentra bancarizado pudo haber lesionado, como afirma el magistrado, ‘la tranquilidad pública’ y la ‘paz social’, lesionando la ‘seguridad cognitiva’ de los ciudadanos al producir ‘alarma colectiva'», aseveró.