Es un proceso judicial que no tiene muchos antecedentes, seis personas irán a juicio acusados de intoxicar con agroquímicos esparcidos mediante el uso de aviones fumigadores a habitantes del sur de la provincia de Córdoba.

La Cámara de Acusación de esa provincia confirmó hoy la elevación a juicio de la denominada «causa madre», por «contaminación dolosa con agroquímicos», en el barrio Ituzaingó Anexo, en el sudeste de la ciudad de Córdoba, en la que se encuentran imputadas seis personas.

Según informó el abogado querellante, Carlos Nayi, el tribunal resolvió «por unanimidad», rechazar los recursos de apelación presentados por los defensores de los seis imputados en la causa. De esta forma, la Cámara de Acusación mantuvo lo resuelto por el juez de Control, Carlos María Romero, por lo que el juicio tendrá lugar en la Cámara Séptima del Crimen.

Los involucrados en la causa están acusados de ser coautores de los presuntos delitos de «contaminación ambiental dolosa», tipificado por el artículo 55 de la ley de Residuos Peligrosos 24051, en hechos que se registraron entre los años 2003 y 2004.

Según indicó que fiscal que solicitó la elevación a juicio, Carlos Matheu, la importancia de la resolución de la cámara es que considera que la «fumigación con agroquímicos en forma aérea o terrestre, violando las ordenanzas municipales y leyes provinciales, constituye un delito».

Los imputados son el productor agropecuario Francisco Rafael Parra y el piloto aeroaplicador Edgardo Pancello, quienes ya fueron condenados a tres años de prisión en suspenso el 21 de agosto de 2012 por la Cámara 1ª del Crimen en una causa por fumigaciones, en lo que constituyó el primer proceso que cuestionó el impacto del uso de plaguicidas en la salud humana.

También se sentarán en el banquillo de los acusados en el juicio oral y púbico el empleado y aviador Gustavo Alejandro Peralta Amaya, los hermanos empresarios Javier Eduardo y Fernando Ramón Amuchástegui (directivos de Tecnocampo SA) y la ingeniera agrónoma de esa firma Alejandra del Carmen Mendizábal Pizarro.

Durante el proceso judicial, se deberá determinar si las enfermedades y muertes registradas entre los vecinos del barrio entre 2003 y 2004 fueron efectivamente causadas por la aplicación de agroquímicos a través de pulverizaciones de fumigadoras violando las resoluciones al respecto.

Según la instrucción, el primer hecho habría ocurrido días antes del 2 de marzo de 2004, cuando el productor Francisco Parra habría acordado con un aeroaplicador no identificado la aplicación de un agrotóxico en un campo sembrado con soja que explotaba ubicado en el Camino a Capilla de Los Remedios a la altura del kilómetro 8 y 1/2, distante a 400 metros del barrio.

El mismo 2 de marzo, en horas de la tarde, se concretó otra aplicación el campo mencionado.

Cabe recordar que dos años antes, mediante una ordenanza, el sector ubicado al sur de la ciudad había sido declarado en emergencia sanitaria. En dicha norma se establecía que no se podían concretar fumigaciones a menos de 2.500 metros de las viviendas.

El barrio había sido declarado en emergencia debido a un sorpresivo brote de enfermedades, principalmente oncólogicas, presuntamente relacionadas a la contaminación ambiental, entre otros motivado por las aplicaciones de agroquímicos en la zona.