Desde anoche una fuerte interna sacude a la Junta que nuclea a los presidentes de todas las Cámaras Federales del país por los pedidos de la Corte Suprema al Gobierno respecto del paquete de leyes de la reforma judicial. Los jueces del interior acusan al titular de la entidad, el presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos de, en acuerdo con Ricardo Lorenzetti, haber alterado el documento original. Firmas, expedientes y audiencias exhiben múltiples demoras en todos los fueros mientras la Justicia se desliza hacia las tretas y negociaciones más propias de la política o el sindicalismo.

Lorenzetti negó en reiteradas ocasiones un supuesto encuentro con Cristina Kirchner para negociar los cambios que se aplicaron a los proyectos de reforma: que las principales atribuciones y designaciones continuaran en manos de la Corte y no pasaran al Consejo de la Magistratura. Si bien el titular de la Corte desmiente conversaciones con la presidenta, no ocurre lo mismo en los casos de Javier Fernández (operador judicial todoterreno) y el ex senador Nicolás Fernández por estos días en un supuesto ostracismo en la Auditoría General de la Nación.

Hubo movimiento para sacar de la presidencia de la Junta de magistrados.

Estos dos hombres se han vuelto determinantes en los últimos días: Javier gestó la presencia de Lorenzetti en el acto de lanzamiento de la reforma y Nicolás, tal como contó CyR fue uno de los encargados de escuchar las críticas de la Corte a los proyectos.

Hace una semana Lorenzetti le manifestó a ambos Fernández una batería de críticas a los proyectos y les anticipó que si seguían sin modificaciones el Gobierno afrontaría un trauma judicial similar al de la Ley de Medios: cautelares provenientes de distintos puntos del país dejarían sin efecto la norma.

“¿Estas  seguro de que va a ser así?”, le preguntaron sus interlocutores.  “La primer medida de no innovar ya está hasta redactada y va a caer en la Direcciòn Electoral para prohibir que en las PASO o en octubre se voten los integrantes del Consejo”, remató Lorenzetti al tiempo que les extendió la nota que dos horas antes le había enviado Hornos.

La nota, con la firma de todos los camaristas del país, expresaba una defensa de la estructura de la Corte. Las Cámaras del interior tienen competencia múltiple con lo cual sus jueces son hombres clave en el esquema de la justicia federal. “¿Piensan que alguno de estos no va a poner la firma?”, chicaneó el supremo.

Veloz, Nicolás Fernández marcó un interno de Balcarce 50. La reunión cumbre de los diputados y senadores con Cristina ya estaba en marcha. Allí los kirchneristas entendieron que si no introducían cambios se exponían a que la norma, una vez reglamentada y publicada en el Boletín Oficial, fuera defenestrada en el plano judicial.

Cuando Diana Conti leyó la nota en voz alta en el Congreso los camaristas notaron que faltaban las críticas a la reforma del Consejo y solo se hablaba de las atribuciones de la Corte. Pusieron el grito en el cielo y hoy por la mañana Alejandro Slokar, el camarista más cercano al Gobierno,  buscaba armar un plenario en la Casación para tratar la conducta de Hornos y eventualmente eyectarlo de la presidencia.

La matemática electoral se puso en juego y Hornos movió para blindarse. Rápidamente gestionó los apoyos de Raúl Madueño, Luis María Cabral y Eduardo Riggi. Todavía hay indecisos, por lo cual Hornos se ocupó por la mañana  de recodarles a estos  que Slokar es el vice primero de la Cámara y que lo único que persigue es llegar a la presidencia del máximo tribunal penal de la Nación.