Todo se relaciona: la ira de Lilita Carrió a comienzos de semana, la doctrina Pichetto sobre los fueros de los senadores, la pelea de una de las fundadoras de Cambiemos con el ministro Garavano y la politización de la Justicia Federal con fallos que son difíciles de aceptar para el común de los ciudadanos.
Todo esto a cuenta del fallo conocido ayer de la Cámara Federal de Casación Penal que absolvió al senador Carlos Menem y al resto de los condenados en la causa por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia al considerar, en el voto mayoritario, que no se cumplió el “principio de plazo razonable” para arribar a una sentencia firme.
Menem había resultado absuelto en 2011 por un tribunal oral, pero fue condenado en 2013 por la Cámara de Casación Penal, sentencia que recién fue confirmada por otra sala de Casación en junio del año pasado, a 23 años de los hechos y del inicio de la investigación.
El fallo que beneficia a Menem en una de las causas más emblemáticas de corrupción de la década del ‘90 fue firmado por Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques, ex ministro de Justicia en la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal, antes de conseguir el pase a ese tribunal desde la Cámara de Casación Penal ordinaria con la intervención del Consejo de la Magistratura, donde uno de los hijos es representante del Poder Ejecutivo.
Si bien el texto no fue difundido por el Centro de Información Judicial, que prácticamente quedó desactivado desde que Carlos Rosenkrantz asumió la presidencia de la Corte Suprema, trascendieron al menos dos argumentos para fundamentar la absolución.
Catucci y Riggi consideraron que hubo un “exceso temporal” para arribar a una sentencia firme y que se violó la garantía del “plazo razonable” por la cual un imputado no puede permanecer eternamente en estado de incertidumbre, sin que se resuelva su situación procesal. Catucci consideró además que no existió el delito de contrabando, según consignó la agencia Noticias Argentinas.
Los tres decretos secretos que ordenaban vender armas a Panamá y Venezuela se firmaron entre 1991 y 1994. Un año después, para ocultar el faltante de armas, se hizo explotar la Fábrica Militar de Río Tercero. La investigación del contrabando estuvo atada desde el comienzo a la causa de la voladura que causó siete muertes y 300 heridos, por la cual cuatro militares fueron condenados por “estrago doloso”.
En noviembre de 2011, luego de tres años de juicio oral, el Tribunal Oral Federal 3 absolvió a los acusados por el desvío de las armas, incluidos Menem, su cuñado y asesor Emir Yoma y su ex ministro de Defensa, Oscar Camillión. Dos años más tarde, la Cámara Federal de Casación, con una integración diferente a la actual, anuló esa decisión y le ordenó al tribunal fijar penas de entre cuatro y doce años por el delito de contrabando agravado contra once acusados.
Menem fue sentenciado a siete años y medio de cárcel y 14 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, pena que apeló y que no le impidió continuar y más tarde revalidar su mandato como senador por La Rioja.
En junio del año pasado, Casación –con votos de Ana Figueroa, Juan Gemignani y Angela Ledesma– confirmó esa condena. El dirigente justicialista apeló entonces a la Corte Suprema de Justicia, que ordenó un “doble conforme” (que dos tribunales revisen la sentencia) y envió el caso otra sala de Casación, que fue la que se pronunció ayer.
En concreto, por el desvío de armas a Ecuador y Croacia, Menem estuvo apenas cinco meses preso, entre junio y noviembre de 2001, cuando lo liberó la misma Corte Suprema de Justicia que diseñó como presidente.
El resto de los imputados antes condenados y ahora absueltos son el coronel retirado Diego Palleros, acusado de ser el intermediario en el contrabando y representante de Fabricaciones Militares, y ex militares que ocuparon cargos jerárquicos en esa empresa estatal en aquel momento: Manuel Cornejo Torino, Haroldo Luján Fusari, Edberto González de la Vega, Carlos Franke, Jesús Julio Sabra y Jorge Antonio Cornejo Torino. También el ex funcionario del Ministerio de Defensa Carlos Alberto Nuñez, el ex interventor de FM Luis Eustaquio Sarlenga, y la ex jefa de abastecimiento, Teresa Hortensia Irrañeta de Canterino.