El fiscal habia pedido siete años de prisión para el ex juez.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó al ex juez Federal Federico Terán y a los abogados Daniel Martín y Alfredo Ducca a la pena de tres años de prisión por el delito de falsificación de documentos, y al productor bursátil Jorge Rigourd a la misma pena por el delito de tentativa de fraude contra la administración pública.

A todos ellos también se les impuso la inhabilitación de seis años para ejercer cargos públicos, el caso de Terán; la abogacía, a Ducca y Martíny, y la producción bursátil, a Rigourd.

El fiscal General Leopoldo Peralta Palma explicó que tanto Terán como Martín llegaron a juicio involucrados en dos causas que fueron acumuladas (Bórquez y Camandona), mientras que Ducca y Rigourd se encontraban imputados en sólo una investigación.

Peralta Palma manifestó que recurrirán a Casación y consideró que «la maniobra fue muy grave. No estamos hablando de cualquier tipo de imputado, sino de un ex juez Federal, de dos abogados y de un productor bursátil muy importante”.

Asimismo, destacó la presencia durante los alegatos del fiscal Carlos Brito, quien instruyó la causa, lo que demostró que fue «una posición clara del Ministerio Público Fiscal para esclarecer la verdad. No se trató de una persecución, sino que fue una causa muy grave y voluminosa”.

Los delitos por los que se los juzgó fueron tentativa de defraudación en perjuicio del Estado nacional y falsificación de documentos (“falsedad ideológica o intelectual”). La causa fue de tal magnitud que declararon más de 90 testigos durante varias jornadas.

Para llegar a esa conclusión, Peralta Palma consideró que estaban acreditados los hechos y puntualizó en las irregularidades detectadas en los juicios iniciados en el juzgado de Terán para obtener el cobro en dólares de bonos en default que habían sido alcanzados por la cesación de pagos dispuesta en diciembre de 2001.

Acompañado por el fiscal Federal Carlos Brito, quien instruyó las causas penales con títulos de la deuda pública, Peralta Palma indicó que en la causa “Borquez” no se había concretado el pago sólo gracias a que el Estado nacional había enviado una auditoría después de advertir las irregularidades al juez durante ocho meses.

“Debe quedar en claro que se intentaban cobrar cinco millones de dólares en un solo pago, cuando la demanda original era por bonos que valían 620 mil dólares”, señaló el fiscal General.

Fuente: Fiscales.