El ex jefe de la Armada Jorge Godoy fue condenado ayer a dos años de prisión en suspenso y el ex subjefe Benito Rótolo a un año y ocho meses por el espionaje ilegal realizado a funcionarios, jueces y dirigentes políticos, gremiales y sociales desde la base aeronaval Almirante Zar en Trelew, Chubut, desde junio de 2003 a marzo de 2006.
El veredicto fue dictado por el juez federal Sebastián Casanello, responsable del Tribunal Oral Federal 7, quien además ordenó a los ex jefes de la Armada a hacer un curso sobre derechos humanos y derecho constitucional y les envió oficios al Poder Ejecutivo y al Legislativo para que contemplen la incorporación de nuevas figuras penales que condenen la falta de control de las tareas de inteligencia que puede tener como consecuencia la realización de actividades prohibidas.
A su vez, el magistrado dispuso que la documentación producida en esta causa se remita a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para su resguardo “con el objeto de contribuir al fortalecimiento de los derechos humanos”.
Las condenas fueron dictadas en suspenso por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y el juez Casanello dará a conocer el próximo miércoles 25 de marzo los fundamentos de la sentencia.
Godoy y Rótolo fueron acusados de omitir deliberadamente hacer cesar tareas de inteligencia contra funcionarios, jueces, dirigentes políticos, sociales y gremiales: según la acusación fiscal, ambos impartieron instrucciones a sus subalternos “por vías formales o no” para que desarrollaran tareas de inteligencia interior prohibidas por ley.

Pidieron dos años. El 6 de marzo último el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), querellante en la causa, había solicitado que Godoy recibiera una condena por dos años al igual que Rótolo: el abogado que representó al organismo, Rodrigo Borda, aseguró que el 90 por ciento de las tareas de inteligencia que realizó la Armada hasta 2006 fueron “ilícitas”, y que a la fuerza “no le interesó, sino que avaló” esas prácticas.
Entre las víctimas de espionaje estuvieron la entonces ministra de Defensa Nilda Garré; Abuelas y Madres de Plaza de Mayo; un juez federal de Rawson y dirigentes políticos y gremiales.
En la causa ya fueron condenados en 2012 un total de 13 marinos -con la pena confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal-, aunque la apelación quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia.
La investigación se había iniciado en 2006 y se pudo comprobar que desde la base militar en Trelew se realizaron tareas de espionaje que incluían seguimientos, escuchas telefónicas y se acusó a las entonces autoridades de la Armada de violar las leyes de Seguridad Interior, de Defensa y de Inteligencia.