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Compraron 600 mil dosis de vacunas y las dejaron vencer: los denuncian por propagación de enfermedades

El perjuicio para el Estado fue de unos 7 millones de dólares. Desidia y burocracia.

lemus y macri

Ex ministro Lemus y ex presidente Macri.

La Oficina Anticorrupción denunció a tres ex ministros del gobierno de Cambiemos por la compra de 600 mil dosis de vacunas que nunca se aplicaron porque se vencieron sin que se cumpliera con el plan nacional de vacunación.

El perjuicio para el Estado por la compra, el almacenamiento y la posterior destrucción de las vacunas fue estimado en casi unos 7 millones de dólares.

Los delitos por los que fueron denunciados los ex ministros Carolina Stanley, Jorge Lemus y Alfredo Rubenstein son violación de los deberes de funcionarios público, administración fraudulenta y propagación de enfermedad peligrosa, que prevé hasta 15 años de prisión.

La denuncia la realizó el viernes último por la OA y tras el sorteo de práctica recayó en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello.

La descripción de los hechos que contiene la denuncia a los que accedió CyR, muestra una increíble desidia desde que se orden la compra de las vacunas triple, prevista en su aplicación para mujeres gestantes y niños de 11 años en el plan nacional de vacunación.

En la Aduana

Desde que llegan al país las vacunas pasan siete meses en la Aduana hasta que se liberan, no se controla la cadena de frío desde origen y no se toma ninguna medida para evitar su vencimiento, hasta que finalmente se ordena su destrucción.

El hallazgo de las vacunas en el depósito de un frigorífico lo anunció meses atrás por el ministro de Salud, Ginés González García, y tras las correspondientes actuaciones administrativas se realizó la denuncia en la justicia federal.

El 16 de septiembre de 2016 el entonces ministro Lemus dispuso adquirir 600.000 dosis de la vacuna dTap (triple bacteriana acelular) al laboratorio GlaxoSmithKline Biologicals S.A. por un total de U$S 6.610.306.

La mencionada vacuna tiene como objeto el proteger contra la difteria, tétanos y tos convulsa, y se aplica a mujeres gestantes y niños de 11 años de edad (tal como lo indica el Calendario Nacional de Vacunación).

Según la documentación, los lotes comprados tenían vencimiento entre abril y agosto de 2018, es decir, casi dos años después de que se inició el proceso de compra.

El embarque llegó al país el 7 de diciembre de 2016 y permanecieron en la terminal de cargas a disposición de la Aduana hasta el 13 de julio de 2017, cuando se lo trasladó al Frigorífico Oneto.

Frascos rotos

Cuando llegan al depósito se verifica que hay algunos frascos rotos por lo que se envían a permanecer en “cuarentena”.

Antes de distribuir las dosis compradas se debe verificar la lectura de los sensores de temperatura, que garantiza el cumplimiento de la cadena de frío.

“Así las cosas, el 28 de julio de 2017 el farmacéutico Eduardo Frydman recibió vía mail la lectura de sensores de temperatura, y dos días después, el 30 de julio de ese año, informó que los sensores que acompañaban la carga habían expirado en el mes de diciembre de 2016, por lo que correspondía ingresar todo el lote de la vacuna a cuarentena, hasta tanto se contase con los termogramas de las cámaras”, de la terminal de carga, donde el embarque estuvo durante 7 meses.

“Sin perjuicio de lo informado por el farmacéutico actuante, surge de la investigación administrativa sustanciada en el ámbito del Ministerio de Salud, que no se han hallado los requerimientos de los termogramas de TCA, elemento de suma importancia para proceder a la distribución y posterior aplicación de las dosis adquiridas”, dice la denuncia.

Unos días después, el 2 de agosto de 2017, se trasladaron las dosis correspondientes de dicho embarque (excluidas las 60 dosis averiadas) al sector “cuarentena”], en el que se almacenan los insumos no disponibles para su distribución.

Sin destino

En este caso, se estaba a la espera de la información complementaria que permitiera darles su correspondiente destino. Pero nada se hizo.

Permanecieron sin movimientos, hasta el 16 de julio de 2018, día en el que las llevaron al sector de “vencidos” del mismo frigorífico, para aguardar su posterior destrucción”, agrega la denuncia.

La denuncia de la OA concluye que “desde el dictado de la resolución por la cual se ordenó la adquisición de las vacunas hasta su despacho a plaza transcurrió casi un año, período de inactividad que resultó fatal ya que durante su transcurso expiraron los sensores de temperatura incorporados por el laboratorio productor y que resultan de extrema importancia para efectuar la correspondiente trazabilidad de las condiciones de alojamiento”.

Pero las vacunas aún se podían utilizar. “Para empeorar la situación, el 30 de julio de 2017, día en que se informó que los sensores que acompañaban la carga habían expirado en diciembre de 2016, aún le quedaban a las vacunas más de ocho meses de vigencia, en tanto el primer lote vencía el 30 de abril de 2018”. 

“Sin embargo, según lo informado, las autoridades del Ministerio de Salud habrían omitido solicitar y analizar los termogramas de las cámaras de la TCA, información que de resultar adecuada y aun con las demoras descriptas, hubiera permitido su distribución y posterior inoculación conforme el Calendario Nacional de Vacunación”.