Garavano, Macri y Rodríguez Larreta tras la firma.

El convenio firmado entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta para transferir algunos juzgados penales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, surge con algunas controversias, por eso para evitar tensiones y tironeos la intención es que el traspaso se haga en forma paulatina, pero los magistrados nacionales ya anunciaron que se preparan para la pelea.

Las resistencias vienen por el lado de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), a cargo de Julio Piumato, que emitió un comunicado para rechazar la movida, y de la Asociación de Magistrados, que no quieren saber nada con cambiar de jurisdicción y pasar a ser jueces de la ciudad, pese a que su ámbito se circunscribe a la Capital Federal.

Según se informó, por medio del acuerdo, la Nación transfiere a la Ciudad ocho Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional; 18 vocalías de los Tribunales Orales en Criminal y Correccional; dos Juzgados Nacionales de Menores; tres vocalías ante los Tribunales Orales de Menores, y los órganos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa que actúan ante los mismos.

Se transfieren además la competencia de delitos que pasan a ser juzgados en la ciudad, como los delitos contra la propiedad y las personas, salvo homicidios, que seguirán en la Justicia de instrucción ordinaria, con sede en la ciudad, pero que dependen de Nación.

“Cabe destacar que la transferencia de competencias y órganos, va a estar acompañada por los recursos necesarios y los bienes para el trabajo de los órganos transferidos. Además, en esta primera etapa, también se traspasarán 490 agentes entre funcionarios y empleados del actual Fuero Penal Nacional Ordinario de la Capital Federal”, se precisó en un comunicado.

El convenio incluye, además, la incorporación del Fuero de Defensa del Consumidor, creado por ley, pero que nunca llegó a funcionar, y el Registro de la Propiedad Inmueble, organismo que tutela los derechos patrimoniales de los vecinos.

Según el presidente del Consejo de la Magistratura porteño, Enzo Pagani, el objetivo central del traspaso es que la Justicia porteña tenga herramientas concretas para garantizar “un servicio eficiente y próximo al vecino”. Pagani dijo que se trabajará para lograr una Justicia “más cercana y mucho más acorde a las necesidades de los vecinos”.

La transferencia de una parte del fuero penal, está en línea con el traspaso de una parte de la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires, firmada hace un año, también por Macri y Rodríguez Larreta, para la creación de la nueva Policía de la Ciudad, con la incorporación de los agentes que pertenecían a la Policía Metropolitana.

A partir de la firma del convenio, la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires deberá ratificar el traspaso de la Justicia Penal y de Menores, y una vez aprobado, entrará en vigencia a los 180 días. En tanto, la incorporación del Fuero de Defensa del Consumidor y del Registro de la Propiedad Inmueble estará vigente “una vez que se definan los integrantes de sus órganos de aplicación”.

En cuanto a los expedientes que actualmente están activos en la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y en los Juzgados de Menores, continuarán su trámite hasta la finalización del proceso, respetando la competencia y jurisdicción de origen, de allí que el traspaso sea paulatino.

El subsecretario de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Enriquez, explicó que el convenio que se firma ahora incluye a los tribunales que actualmente están vacantes, es decir, que los juzgados ya existen, pero son subrogados por otros magistrados. El traspaso incluye que sea transferido todo el personal.

“Con Piumato tenemos buen diálogo. La gente quizás se opone porque no conoce a fondo, pero prevemos que se respete la antigüedad, la obra social, todos los derechos de los empleados y funcionarios”, explicó Enriquez.

De todos modos, la resistencia de los jueces nacionales, sigue a pie firme. “Ante el convenio suscripto entre el Gobierno Nacional y el de la CABA, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) rechaza enfáticamente la decisión, como ya lo ha manifestado en anteriores oportunidades, y señala el riesgo de que este traspaso y el nombramiento futuro de magistrados obedezca a razones políticas”, dijeron los jueces en un comunicado.

“En el mismo sentido, advierte la gravedad de quede abierta la posibilidad de enjuiciar y expulsar a esos magistrados con la mayoría simple de los miembros del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, conforme las normas allí vigentes”, agregaron los magistrados nacionales.

“Resulta irreal que el traspaso pueda mejorar el servicio de justicia, ya que las causas penales seguirán siendo atendidas por el mismo número de personas y en el mismo territorio. Esta circunstancia se verá agravada porque el propio convenio prevé la transferencia, entre muchos otros, de los delitos contra la administración pública que pudiesen cometer las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, concluyeron.

Desde la ciudad, en cambio, se recibió con beneplácito la iniciativa. El defensor Adjunto porteño, Luis Duacastella, se refirió al traspaso y aseguró: “Es una gran paso que, sin dudas, fortalecerá la Defensa Pública y la acercará más a la ciudadanía”.

​​​​​​​Duacastella señaló que la transferencia de competencias penales “consolida la autonomía de la Ciudad” y recordó que “además de ser una manda institucional, era un compromiso de todos aquellos que tenemos una responsabilidad pública”.