Las conversaciones entre Cristina Fernández de Kirchner y Ricardo Lorenzetti nunca se cortaron. De hecho, el titular de la Corte Suprema de Justicia asistió estoico al acto en el que la Presidenta anunció el envío de los seis proyectos para “democratizar la Justicia”, como si él fuera la máxima autoridad de un Poder Judicial de facto. Hubo canales para que el diálogo no se rompiera, pese a que Lorenzetti y sus colegas de la Corte nunca dieran el visto bueno a las iniciativas presidenciales.

La presencia de Lorenzetti en el acto que se realizó el Museo del Bicentenario fue un éxito de gestión del auditor Javier Fernández, operador judicial del oficialismo a quien la puja con el Grupo Clarín había relegado a puestos de menor relevancia.

Lorenzetti se sentó al lado de Cristina cuando anunció los proyectos de reforma.

Poco o casi nada se ha dicho sobre la relación existente entre el titular de la Corte y Javier Fernández. Ambos comparten diversas ideas sobre el rol del Poder Judicial pero hay una que los encuentra absolutamente alineados: la caja. Ambos descreen de la capacidad del Consejo de la Magistratura para administrar a la Justicia y entienden que, contrario a lo que postula la reforma constitucional de 1994, esto debe ser una jurisdicción exclusiva del máximo tribunal.

El proyecto original enviado por el Ejecutivo al Congreso le quitaba a la Corte el manejo del presupuesto del Poder Judicial y se lo otorgaba al nuevo Consejo de la Magistratura constituido por representantes elegidos por el voto popular, de aprobarse la propuesta del Ejecutivo. Pero eso cambió. Se volvió a la idea que comparten Javier Fernández y Lorenzetti: el presupuesto seguirá siendo manejado por la Corte. Eso le bastó a la incombustible diputada Elisa Carrió para denunciar en la sesión de hoy en Congreso la existencia de un pacto entre Cristina y Lorenzetti. Se trata de un monto de dinero de 7 mil millones de pesos con los que se abonan los sueldos de 23 mil  empleados y funcionarios del Poder Judicial. Los fondos son manejados por el contador Héctor Daniel Marchi, secretario general de Administración de la Corte y un viejo amigo de Lorenzetti, de los años en los que el actual presidente del máximo tribunal era un exitoso abogado comercial vinculado a obras sociales.

Lorenzetti se excusó de hablar en público de los proyectos enviados por el Ejecutivo al Congreso con el argumento de que podrían ser materia judiciable, sobre la cual el máximo tribunal debería eventualmente fijar su posición. Pero aunque no habló en público, al menos lo hizo en privado. Se dice que hubo un diálogo telefónico entre Cristina y Lorenzetti, en la que el titular de la Corte le expresó las objeciones que habían recogido los proyectos entre los presidentes de la Cámaras Federales de todo el país. El encargado de reunir esas opiniones fue el camarista de Casación Penal Gustavo Hornos, titular de la Junta de Presidentes de las Cámaras Federales. Los magistrados realizaron varias objeciones pero algunas muy prácticas: por ejemplo si el nombramiento de todos los nuevos empleados quedaban en manos de concursos que eventualmente debería realizar el Consejo es probable que todas las designaciones quedaran trabadas eternamente. Las quejas adquirieron la formalidad de una carta que fue enviada a Julián Domínguez, titular de la Cámara de Diputados.

Otro Fernández fue el encargado de acercarse a Lorenzetti. El ex senador Nicolás Fernández, que en la actualidad trabaja también en la Auditoría, cerca del otro Fernández, Javier, se reunió con Lorenzetti el jueves de la semana pasada en el fresh market situado en Cossettini y Villaflor, en Puerto Madero, donde el titular del máximo tribunal tiene su departamento. Fernández llegó primero, marcó su celular y al ratito llegó Lorenzetti. Los dos hombres se fueron caminando por la dársena para acercar posiciones. El acercamiento se hizo evidente con los cambios que se hicieron en el proyecto original del Ejecutivo. La Corte seguirá manejando su presupuesto.