La zona de las vías que fue usurpada.

Por Rafael Saralegui.

La causa se originó por la ocupación de una zona de vías en la zona de Retiro que impedían el acceso al puerto, pero tuvo alcances más amplios: la existencia de organizaciones que ocupan terrenos y luego los venden o alquilan en un negocio que surge al amparo del sufrimiento de los que menos tienen.

La resolución del juez federal Santiago Casanello alcanza a cinco vecinos de la villa 31 a quienes procesó por los delitos de usurpación e interrupción de las comunicaciones (arts. 181 inc.1, 194 del Código Penal) y a la vez formó un nuevo expediente “para investigar la posible asociación ilegal para organizar ocupaciones de predios -valiéndose de personas que se encuentran en situación habitacional precaria-y así cobrar dineros para la liberación de los terrenos”. Trabó embargos sobre los bienes de los procesados, hasta cubrir la suma de 100 mil pesos.

El expediente a cargo de Casanello se inició el 20 de agosto de 2010 a raíz de la denuncia formulada por Manuel Bonanni, Jefe de Zona de la empresa “SOE SA” (operadora del Ferrocarril Belgrano Cargas) ante la División Belgrano de la Policía Federal Argentina. Bonani denunció que habían sido usurpadas las vías de acceso al puerto ubicadas entre las zonas delimitadas en la altura por la Autopista Illia y el paso a nivel Presidente Rafael Castillo, “encontrándose asentadas alrededor de quince casillas precarias con sus ocupantes, circunstancia que provocaba la anulación del acceso al puerto por dicho tramo férreo y ocasionaba un perjuicio a aquella firma, a la vez de significar un grave peligro para las personas”.

A la causa se agregó otro expediente, originado en el juzgado de instrucción N° 28, que daba cuenta de los dichos de un vecino de la villa 31, que explicaba quienes habían sido los organizadores de la ocupación de las vías, en un predio contiguo al histórico asentamiento. Los identificaba con nombre y apellido. Lo hizo mediante una llama telefónica.

El juez Casanello dio intervención a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Socioeconómico del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la CABA, que en octubre de 2010 hizo un relevamiento poblacional que daba cuenta de la existencia de treinta grupos familiares –en total 107 personas- en el lugar denunciado y se detallaba la situación habitacional y económica de cada familia. Funcionarios de ese organismo declararon ante el juez que a los ocupantes se les había ofrecido un subsidio para resolver la cuestión habitacional de 700 pesos y que había sido rechazado.

Cuando el vecino que había realizado la denuncia fue convocado a prestar declaración en el juzgado identificó a los gestores de la ocupación. “E.R.C. (…), V.C. han promovido y organizado la ocupación de veredas, calles y espacios públicos en el interior de la villa 31 de Retiro ocurrida el jueves 19 de agosto, alrededor de las 02:00, hecho en el que participaran, entre otras personas, P.Y. (…), J.A.C. (…) y G.B. (…). Luego de producida la toma algunos de los nombrados, entre quienes se encuentran integrantes de la familia C., comenzaron a edificar en esos espacios sus propias viviendas en tanto que vendieron a otros habitantes parte del predio”, dice la resolución del juez. El denunciante dijo que había recibido amenazas de muerte por las denuncias que había realizado. Agregó además que “en la Villa 31 existe una organización dedicada a la ocupación de predios vacíos, sin importar si los mismos pertenecen al Estado Nacional o particulares, con el objeto de construir viviendas precarias en algunos casos y de ladrillo en otros, a los fines de alquilar o vender las mismas, como así también para obtener subsidios a cambio de abandonar el predio”.

El vecino de la villa dijo además en la declaración que “esta gente, la cual se encuentra censada desde el mes de octubre de 1989, o sea que tiene domicilio fijo en la Villa 31,realiza estos actos de usurpación con el solo fin de lucrar con la misma, ya que obtienen subsidios, alquilan a otros pobladores los espacios, construyen casas para luego alquilar o vender o instalar negocios de materiales, bares, kioscos, etc, realizando estos negocios a sabiendas de la necesidad de la gente por conseguir una vivienda”. El denunciante dijo además que una de las personas denunciadas era titular de una cooperativa a quien el gobierno de la ciudad a través de Diego Santilli, entonces titular del ministerio de Espacio Público y Medio Ambiente le había dado contratos para realizar obras por valores millonarios. También dijo que los denunciados estaban negociando subsidios en nombre de otros vecinos ocupantes de la manzana 28 bis, pero que el verdadero fin era cobrar el dinero para seguir con las maniobras.

En el juzgado citaron a prestar declaración como testigo a otros histórico vecino de la villa 31, quien aportó más datos del funcionamiento de la banda de usurpadores. El vecino relató que “la gente que ocupó dicho predio es la que días antes había acampado al costado de la Autopista Illia, a quienes el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, les dio dinero –alrededor de diez mil pesos- para que abandonen dicho lugar, refiriendo el deponente que una vez con el dinero en su poder, esta gente ocupó el predio hoy conocido como manzana 28 bis. Estas personas eran habitantes de la Manzana 28 como así también de la Manzana 25 y 29, lugar donde ya tenían sus casas, pero en muchos casos donde estas personas tenían hijos y estos formaron familia a su vez, las casas que habitaban les quedaban muy chicas por lo que salieron a buscar nuevos espacios para que su familia estuviera más cómoda. Asimismo desea recalcar que no todos tienen la necesidad de agrandar sus viviendas por cuestiones familiares, sino que vieron la oportunidad de realizar negocio ocupando el predio para construir una casa y a su vez alquilarla o venderla y ganar dinero. Uno de los casos es el de una vecina de nombre P.Y., la cual ya tenía su vivienda en la Manzana 29 de dos plantas y asimismo ocupó una parcela de la Manzana 28 bis para asentar un negocio de venta de bebidas y alimentos…”.

Finalmente, con la participación de la Gendarmería se convocó declarar a los ocupantes del predio y a los imputados. Y así hicieron sus descargos. Por ejemplo, una mujer dijo que se enteró por medio de una vecina que una mujer de la manzana 28 vendía dos lotes por 17 mil pesos y que le pagó 12 mil pesos en efectivo y el resto en cuotas de mil. Agregó que la vendedora, después de haberle pagado la suma pactada, la amenazó para que desocupara el terreno. Supo que algo similar había ocurrido con otros vecinos. Otra vecina declara que compró el terreno por seis mil pesos y que la operación se hizo de palabra. Son varios los testimonios que coinciden en señalar que muchos temen dejar sus viviendas solas porque podrían ser usurpadas por los mismos grupos que organizan las tomas y venden los terrenos.

En su resolución, el juez hizo la distinción entre quienes compraron u ocuparon un terreno por la situación de extrema vulnerabilidad y quienes “la decisión de ocupar el predio ajeno se realizó no por una situación de extrema vulnerabilidad, sino para lucrar y aprovecharse de la necesidad de otro. De ese modo, estas personas, por medio de la apropiación ilegal, rellenaron el vacío estatal y ofrecieron vivienda a cambio de dinero”. Lo llamativo es que entre los acusados había además un suboficial de la Prefectura Naval. Finalmente, el juez procesó a Juan Luis Agüero, Cristian Coronel, Yanina Coronel, Marcelo Gutiérrez y Patricia Yampa por la ocupación del predio que se ubica en la intersección de la Autopista Illia y la avenida Ramón Castillo, sin prisión preventiva y embargó sus bienes por cien mil pesos. Dictó el sobreseimieno de doce imputados y ordenó que se inicie un nuevo expediente para investigar a los usurpadores de terrenos que lucran con la desesperación ajena.