Por Gabriela Oprandi.

Guiados por un fiscal, un grupo de civiles, trabajará en la investigación de casos judiciales. Lo harán cada vez y en cada causa que sea requerido por los fiscales. Así civiles investigarán homicidios; actos ilícitos provenientes del ámbito público o de las fuerzas de seguridad y penitenciarios.

El jueves último la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sancionó el proyecto de ley para la implementación de la Policía Judicial en la provincia. El Poder Ejecutivo provincial tiene un plazo de seis meses para nombrar a los funcionarios que van integrar el organismo que tiene como función asistir a los fiscales en las investigaciones penales. Y un plazo de no más de cinco años para que funcione en su totalidad.

El objetivo es que la investigación sea más profesional.

Desde la Comisión provincial por la Memoria (CPM) consideran que la creación de un organismo de investigación judicial basado en criterios de especialización y profesionalización, constituye un paso importante en el cambio de paradigma en las formas de investigar.

“La tarea desarrollada en la elaboración del proyecto, realizado con el valioso aporte de referentes del ámbito académico, judicial, sindical, político, organismos de Derechos Humanos y colegios profesionales en el espacio denominado “Convergencia para la democratización de la justicia”, adquiere el valor particular de haber sorteado las dificultades propias de la búsqueda de consensos y las resistencias corporativas”, dijeron desde la CPM.

El organismo que se creará muy pronto fue pensado como forma de limitar la intervención policial en la investigación judicial y recortar atribuciones de la policía bonaerense que propiciaban la arbitrariedad, ineficiencia y corrupción en la tramitación de causas penales.

Además, el proyecto fue pensado en torno al respeto irrestricto de las garantías constitucionales, el enfoque científico en la investigación, la formación permanente de sus miembros y el aporte de elementos de convicción que sirvan tanto a la acusación como a la defensa.

“La sanción de la ley es un primer paso importante, que deberá complementarse con una instancia de implementación basado en criterios racionales, evitando la tendencia al simple agregado de recursos existentes y al ahogo presupuestario como forma de frustración silenciosa”, señalaron.

Alejandro Mosquera, Secretario Ejecutivo de la CPM dijo: “Es un paso esencial en una reforma más integral para mejorar la Justicia y fortalecer la lucha contra la impunidad. Ahora que se aprobó el proyecto es fundamental lograr una buena implementación porque no es la primera vez que buenas leyes se frustran cuando son mal llevadas a la práctica. Es clave para dar coherencia y eficacia al proceso de reforma convocar a un amplio consenso para cambiar la política de seguridad y transformar la Policía Bonaerense”.

El año que viene, según consta en el proyecto -que tuvo el acompañamiento de casi todos los bloques, menos el de Nuevo Encuentro y de Proyecto Bonaerense-, se realizará una prueba piloto en la ciudad balnearia de Mar del Plata. Y desde ese momento, los civiles comenzarán a trabajar en la persecución de redes delictivas, de corrupción y delitos complejos.