Aranguren quedó en la mira de la OA.

La diputada Elisa Carrió denunció el martes a tres altos funcionarios del Ministerio de Energía por haber firmado sendas resoluciones que beneficiaron a empresas de hidrocarburos en las que se desempeñaron justamente antes de haber accedido a los cargos públicos con la llegada del nuevo Gobierno el año pasado.

Las compañías productoras beneficiadas no habrían aportado el gas necesario para la provisión de las garrafas sociales, que se deben vender a un precio menor, a lo que estaban obligados desde 2005, por medidas adoptadas en esa cartera y que les permitió derivar ese gas a la exportación. Es decir, para ganar más dinero.

Los denunciados por Carrió son el secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda; el subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik; y el director nacional de Gas Licuado de Petróleo, Luis Barile. Los tres reportan al ministro de Energía, Juan José Aranguren.

La trama del gas y las garrafas sociales fue revelada por el periodista Alejandro Bercovich en el programa Minuto Uno y en una nota de la página web de la revista Crisis. “El ministro de Energía, Juan José Aranguren, evitó sancionar al menos a tres petroleras que incumplieron este año con su obligación de proveer gas a precio regulado para las garrafas, la fuente de calefacción que utiliza el 40 por ciento más pobre del país. Para no multarlas ni prohibirles exportar, como obliga a hacerlo la reglamentación vigente, y para evitar que se profundizara el desabastecimiento que generó ese incumplimiento, Aranguren ordenó a Enarsa que proveyera gas importado (más caro) a las fraccionadoras a través de Transportadora Gas del Sur (TGS) al precio al que debían venderles las petroleras”, dice el texto de Bercovich.

La denuncia de la  diputada quedó radicada en el juzgado de Claudio Bonadio con la intervención del fiscal Carlos Rívolo y es por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, que prevé un castigo de “uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.

Carrió pidió que se investigue si los funcionarios nombrados “en el ejercicio de sus funciones pudieron haber intervenido sea mediante la suscripción de resoluciones y/o mediante gestiones y/o habiéndose interesado en operaciones vinculadas a empresas de los que fueron parte, hasta antes de asumir la funciòn pùblica; afectando la “imparcialidad” y “fidelidad” en el desempeño de sus funciones”.

En el texto de la denuncia, a la que tuvo acceso CyR, la legisladora recordó que Sureda fue entre 1999 y 2015 vicepresidente de ventas de la empresa Pan American Energy, “la mayor productora de crudo, cuyas acciones comparte con Bridas y la empresa china CNOOC”; mientras que Popik trabajó en Repsol YPF y que 2012 y 2015 ocupó distintos cargos en las petroleras Exxon y Axion Energy, que luego absorbió en la Argentina las estaciones de servicio de Esso (Exxon).

La nota de Bercovich recuerda que Popik y Sureda “se trenzaron tres semanas atrás en una pelea que incluyó gritos e insultos y que terminó con siete técnicos despedidos y sumariados, acusados de corrupción. En rigor, ninguno de los dos funcionarios quería hacerse responsable de una cadena de decisiones que expone el conflicto de intereses que cruza íntegra a la cartera de Energía, cuyos funcionarios provienen casi sin excepción de compañías privadas del sector”.

Barile es el titular de la Dirección de Gas Licuado de Petróleo, que es la que se encarga de distribuir entre las empresas fraccionadoras, los cupos de gas propano para ser envasados, fijando además las bocas de carga autorizadas para el aprovisionamiento del fluído. “Esos “permisos” terminan definiendo la extensión de los “beneficios” de cada empresa, en el marco del mercado de las garrafas sociales”, dice la denuncia.

Según la legisladora, mediante dos resoluciones del 7 de junio y el 2 de agosto, los funcionarios denunciados habrían beneficiado a tres empresas: “Pan American Energy y Panamerican Sur SA, eximiéndolas de sus respectivos aportes de fluidos previstos desde el año 2005, en beneficio de las garrafas sociales que se distribuyen en el mercado a menor valor; mientras que a la empresa Refinol SA le habrìan reducido sustancialmente la carga que tenía impuesta a los mismos fines. En reemplazo de los aportes que las dos primeras debían realizar; los habrìa cubierto la empresa estatal Enarsa”.

Según la denuncia, Sureda, Popik y Barile habrían sido los responsables de “estos posibles “beneficios” a las empresas mencionadas antes” y habrían derivado de actos administrativos “en los que están directamente interesados los denunciados y en cuyas gestiones no sólo se han interesado, sino que han participado. Esto más allá de quien pudiera haber plasmado la rùbrica final de ellos”. Es decir, que la última firma puede haber sido de Aranguren, quien de todos modos no está alcanzado por la denuncia de la legisladora.