Vidal y Conte Grand antes del salto.

Cuando el macrismo llegó al gobierno, buscó controlar los sectores claves de la Justicia. Quiso nombrar a dos jueces de la Corte Suprema por decreto, obligó a renunciar a la entonces titular del Ministerio Público, Alejandra Gils Carbó, luego de amenazarla con arrestar a su hija, por supuestas irregularidades en la compra de un edificio, y también empujó a la jubilación a la jefa de los fiscales de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo. En su lugar se designó a Julio Conte Grand, quien pasó a ocupar un lugar en el gabinete de la ex gobernadora María Eugenia Vidal a ser la cabeza del Ministerio Público en el vasto territorio bonaerense. Pocos casos tan notorios de un salto del Poder Ejecutivo al Poder Judicial.

Como jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires, dicen sus críticos, Conte Grand utilizó los mismos mecanismos que se usaron a nivel nacional para perseguir dirigentes opositores al espacio político al que él pertenece, con el uso de causas judiciales para amedrentar y hostigar a quiénes tenían en la mira. Uno de los ejemplos más llamativos fue de la familia del jefe de los camioneros, Hugo Moyano, a quien se buscó cercar con amenazas de arresto a su hijo Pablo.

Uno de los instrumentos que utilizó Conte Grand para manejar los hilos del Ministerio Público en el distrito judicial de Lomas de Zamora, fue el fiscal adjunto Sebastián Scalera, dicen fuentes judiciales. Se trata de uno de los distritos más importantes por una cuestión geográfica, números de causas y extensión territorial. Por eso muchas de las causas que allí se tramitan tienen repercusión nacional.

Rompió el puente

Años atrás, Scalera fue ungido como fiscal adjunto por el fiscal general Enrique Ferrari, quien luego lo puso a cargo de una unidad especial para investigar delitos complejos. Ese mayor protagonismo, le dio a Scalera más vuelo y empezó a tomar distancia de su jefe. Cuando Conte Grand llegó a la Procuración de la provincia de Buenos Aires, estableció un diálogo directo con Scalera, puenteando a su jefe inmediato. El fiscal adjunto empezó a cortarse solo y tomó distancia de su superior.

Cuando Ferrari le pedía alguna explicación, en las oficinas de Scalera le decían que si no le gustaba lo fuera a ver a Conte Grand. La situación se hizo insostenible, a punto tal que la Ferrari decidió disolver hace un año la unidad especial de investigaciones de delitos complejos y enviar las causas que estaban allí a sus fiscales naturales. La medida provocó un cisma y Conte Grand denunció a Ferrari ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que a mediados del año último decidió darle licencia en el cargo de fiscal general.

Pero Ferrari tampoco se quedó atrás y presentó varias denuncias contra Conte Grand, aunque en la intimidad admite que pocos fiscales podrían animarse a investigar a quién es la cabeza del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, por temor a eventuales represalias como las que ahora padece Ferrari.

La Salada

Cuando Ferrari resolvió crear la unidad de delitos complejos lo hizo con el fin de unificar las múltiples investigaciones que había en marcha sobre eventuales delitos en la feria La Salada, situada a metros del Riachuelo. Se buscaban dar un cierto orden a numerosas causas que se “tramitaban en diferentes Fiscalías de Instrucción, bajo la dirección de muchos Agentes Fiscales, con ritmos y criterios investigativos desiguales y prácticamente, sin comunicaciones entre ellos en intercambios de valiosa información; lo que venía siendo una práctica departamental desordenada y hasta «anárquica» e improductiva”.

Ferrari sostuvo que las investigaciones sobre La Salada se encaminaron y se desbarataron a las bandas que allí operaban por lo que decidió desactivar esa unidad de manera que Scalera pudiera volver a ocuparse de su función como adjunto de la fiscalía general encabezada por él y ocuparse de los juicios orales por venir.

“En mi cotidiano departir laboral con el Dr. Scalera, lo veo muchísimo más enfrascado al trámite de esa constelación de causas, impulsando todos esos -muchos de ellos muy voluminosos sumarios, que dedicándose a la función de Fiscal General Adjunto, más propia de un colaborador del Fiscal de Cámaras, para lo que primigeniamente lo designé”, dijo Ferrari. También sostuvo que la unidad se empezó a desnaturalizar porque luego de los casos de La Salada era el propio Scalera quien decidía cual era una causa compleja y cuál no.

La denuncia

La disolución de la unidad de delitos complejos generó que Conte Grand denunciara a Ferrari ante la Suprema Corte de Justicia con el argumento de que esa medida significaba una afectación “cierta y grave” al servicio de Justicia. También lo acusó de maltrato laboral por haber ordenado el traslado de algunos funcionarios que colaboraban con Scalera.

Para fundamentar supuestas presiones a los subordinados Conte Grand sostuvo que el estado de whatsapp de Ferrari tenía mensajes e imágenes intimidatorias. Una de esas imágenes era de una piraña embalsamada, actividad a la que se dedica el fiscal general en sus ratos libres.

Cuando la Suprema Corte resolvió prorrogar la licencia de Ferrari, que vence el 17 de abril, el juez Eduardo de Lázzari, que luego se jubiló, sostuvo que no había motivos para prolongar la medida, ya que Conte Grand no había presentado evidencias de los hechos que se le endilgaban a Ferrari.

“De las denuncias de irregularidades, del presunto armados de causas, de las presiones y operaciones que dicen haber padecido algunos jueces, del desborde que se atribuye a ciertos fiscales, ni una palabra”, escribió De Lázzari.

El juez sostuvo que debía llevarse adelante una suerte de auditoría en Lomas de Zamora encabezada por un fiscal de otro distrito, pero que nada de eso se hizo. Dijo además que la denuncia que Ferrari hizo contra Conte Grand se archivó sin más trámite y sin dar explicaciones.

Gatopardismo

“En resumen. El conjunto de datos, proyectos, especificaciones a futuro y demás elementos de relleno, no satisfacen en lo más mínimo lo que debía hacer la Procuración General. En reemplazo de una seria y objetiva investigación ha puesto en marcha una suerte de gatopardismo, creando una comisión de notables, con rimbombantes propósitos, manteniendo la dirección de la fiscalía a cargo de uno de sus propios fiscales y frustrando en definitiva la sana intención que animara a esta Suprema Corte”, se indignó De Lázzari.

Ferrari sostuvo en una presentación ante la justicia federal que Scalera y otros fiscales que le responden “habrían iniciado investigaciones con objetos de inclinarlas a sus intereses políticos y/o generando IPP con el fin de perseguir a políticos, sindicalistas, Magistrados y Funcionarios, (Doctrina de “Lawfare”), entre otros, en donde han participado Funcionarios de la Agencia Federal de Investigaciones de manera, cuanto menos irregular, en consonancia con lo denunciado por diferentes magistrados de Lomas de Zamora, tales los Dres. Carzoglio y Vitale”.

Allegados a Ferrari sostienen que la persecución de Conte Grand tuvo su correlato en los medios de comunicación del grupo Clarín, quienes amplificaron con sus voceros todas las presentaciones del jefe de los fiscales del gobierno de la provincia de Buenos Aires, quien de sentarse en el gabinete de María Eugenia Vidal pasó a ocupar un lugar clave en la justicia bonaerense.