En un fallo a medida, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires ordenó al gobierno de la ciudad que este lunes abra las escuelas.

Tras el fallo, el Ministerio de Salud de la Nación se presentó ante la Cámara porteña y le pidió que decline su competencia ante el fuero en lo contencioso administrativo federal, es decir, ante la Justicia nacional.

«Resulta relevante destacar, que la definición de la competencia contencioso administrativa es una cuestión constitucional, pues se vincula con el sistema republicano y federal adoptado por la Nación Argentina y, al mismo tiempo, se relaciona con derechos y garantías constitucionales», dice el planteo de los abogados del Ministerio de Salud.

En paralelo, el Gobierno nacional se presento este lunes ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para pedir que se deje sin efecto el fallo del tribunal porteño, porque se entiende que no tiene competencia para resolver la cuestión.

Pedido de inhibitoria

Quien realizó la presentación en nombre del Estado nacional es el procurador del Tesoro, Carlos Zanini, quien hizo una presentación en el fuero en lo contencioso administrativo federal para cuestionar la decisión de la justicia porteña.

La Procuración del Tesoro de la Nación (PNT) presentó esta mañana un planteo para que se declare la inhibitoria de la justicia porteña y la invalidez de lo decidido anoche por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires.

En última instancia, se entiende que será la Corte Suprema de Justicia la que defina el fondo de la cuestión. Justamente, el gobierno de la ciudad hizo un planteo el viernes último ante el máximo tribunal por considerar que se trata de un pleito entre la ciudad autónoma y el gobierno nacional, que debe resolver la Corte.

Al mismo tiempo, varios gremios docentes porteños ya avisaron que realizarán un paro este lunes, para rechazar el fallo de la justicia porteña y en respaldo a la decisión del gobierno nacional de suspender las clases presenciales durante 15 días.

Avisale a tu hermana

La resolución de la Cámara se adoptó pese a que dos abogados recusaron más temprano a la camarista porteña Nieves Macchiavelli, porque es hermana de un funcionario del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Los abogados Adrián Albor y María Cecilia Fernández dijeron en la presentación que hicieron en nombre de sus hijos que la jueza «Macchiavelli es hermana del principal armador político de Rodríguez Larreta, Eduardo Macchiavelli funcionario del GCBA y secretario general del partido al que pertenece el alcalde porteño».

De todos modos, Nieves Macchiavelli junto a que los jueces Marcelo López Alfonsín y Laura Alejandra Perugini, resolvieron hacer lugar el planteo y ordenaron al gobierno de la ciudad que este lunes abra las escuelas. Rechazaron la recusación sin más trámite.

El fallo ordena al gobierno de la ciudad, pero no alcanza al gobierno nacional, porque no es parte en el expediente. De todos modos, el gobierno nacional hará una presentación en la justicia federal porque se considera que la Justicia de la ciudad no puede fallar contra un DNU, que tiene fuerza de ley.

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no apelará la resolución, por lo que este lunes las escuelas porteñas deberán abrir las puertas.

En la mañana del domingo, la fiscal de Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Nidia Karina Cicero, dictaminó a favor de una medida cautelar para impedir que se suspenda la educación presencial en la Ciudad de Buenos Aires.

Un rechazo

Una jueza de primera instancia había rechazado este planteo, pero con ese dictamen dejó el camino libre para que los camaristas fallaran de acuerdo con los deseos del gobierno de la ciudad, que pese al récord de casos se opone a suspender las clases presenciales durante dos semanas.

El fallo se originó en una presentación de algunos padres que no quieren que sus hijos vuelvan a estudiar desde las casas. El argumento de la magistrada de primera instancia, Romina Tesone, era que el Gobierno porteño ya había llevado el reclamo a la Corte Suprema y que la competencia es de ese tribunal, y no de la Justicia de la Ciudad.

Sin embargo, la fiscal Cicero dio lugar a este planteo y dijo que el máximo tribunal presenta competencia “para conocer en la contienda entablada entre la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional con relación a la impugnación constitucional en cuestión”.

Tras el dictamen la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires con los votos de los camaristas de la Sala IV Marcelo López Alfonsín, Nieves Macchiavelli y Laura Perugini  resolvieron hacer lugar al planteo de los padres.