| Investigación

Citan al presidente de la Corte a declarar en la causa por la que “Pepín” está prófugo

La jueza Servini quiere preguntarle a Rosenkrantz sobre sus contactos con Rodríguez Simón.

Rosenkrantz tiene cita en el juzgado de Servini.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, recibió una citación para declarar en la causa en la que se encuentra prófugo el diputado del Parlasur y asesor judicial del ex presidente Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.

En ese expediente, la jueza María Servini procesó hoy al exsubdirector de Recaudación de la AFIP entre 2016 y 2019, Sebastián Paladino.

Se trata del expediente en la que se investigan las presiones al Grupo Indalo por parte del gobierno de Cambiemos y Rosenkrantz deberá declarar como testigo.

El presidente del máximo tribunal tiene cita para dar testimonio el 26 de agosto a las 14 y su convocatoria puede tener relación con llamados telefónicos que intercambió con  “Pepín” Rodríguez Simón.

Uno de los integrantes de la mesa judicial del macrismo se encuentra en “rebeldía” en este expediente por no presentarse a prestar declaración indagatoria.

El procesamiento

En una resolución de 88 páginas, la magistrada procesó por “abuso de autoridad” y embargó por dos millones de pesos a Paladino.

A este funcionario le atribuyó ordenar que se creara una herramienta informática con poder de control sobre todos los contribuyentes que formaran parte del Grupo Indalo, del que participan los empresarios Fabián de Sousa y Cristóbal López.

“La conducta de Paladino, lejos está de ser considerada un acto ´neutral´, sino que implicó llanamente un abuso de poder, aprovechándose de las facultades del organismo público, en desmedro de un grupo de contribuyentes”, sostuvo la jueza Servini.

“Para nada se está reprochando las facultades que la Administración Federal de Ingresos Públicos tiene para fiscalizar a los contribuyentes, sino por el contrario, que su accionar esté basado en la legalidad y no la discrecionalidad y arbitrariedad de sus funcionarios”, aclaró la magistrada que instruye el expediente en el que interviene como fiscal Guillermo Marijuán.

En esta causa se investigan “diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción”, según surge del expediente.

Perjuicios económicos

Las supuestas presiones y la asfixia financiera sobre el Grupo Indalo tuvieron como consecuencia “perjuicios económicos al mencionado grupo y al patrimonio nacional”, según indicó la jueza.

“Esos actos habrían sido contra los bienes del Grupo Indalo, como así también personales contra sus accionistas: Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián de Sousa, y habrían tenido inicio en el mes de octubre de 2015 (acentuándose a partir de marzo de 2016)”, remarcó la magistrada.

De acuerdo con la investigación judicial, las presiones comenzaron después de una reunión que el entonces candidato a presidente Macri tuvo con el empresario López, el 25 de octubre de 2015, “donde este último se habría negado a poner a disposición de Macri los medios periodísticos de Indalo en contra del Gobierno que encabezara Cristina Fernández de Kirchner”.

“Una de las conductas imputadas a Sebastián Omar Antonio Paladino fue que, en su carácter de Subdirector de Recaudación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ordenó en una fecha no precisada exactamente pero que sería entre mediados y fines de marzo de 2016, la creación de una herramienta informática de consulta que permitía a las áreas operativas correspondientes de la AFIP conocer en forma simultánea y homogénea los incumplimientos de pago (líquidos y exigibles según el Sistema de Consultas Tributarias) y las cuotas impagas provenientes de planes de facilidades de pago vigentes de las empresas que conformaban el denominado conglomerado económico ´Grupo Indalo´”, sostuvo la jueza.

Direccionamiento

La inclusión de las empresas o contribuyentes en una herramienta semejante “no habría obedecido a un criterio objetivo, ni una especie, característica o circunstancia que hubiere permitido englobarlas bajo el sistema de consulta descrito, sino que se basó únicamente en su pertenencia al grupo económico indicado”, señaló.

La creación de la herramienta informática “habría surgido luego de una reunión que Juan Carlos Cheli – director de Procesos de Recaudación de AFIP – tuvo con sus superiores y su objetivo era poner información a disposición de todas las agencias en forma simultánea y al mismo tiempo para todos”, según detalló la jueza en su fallo de hoy.

En esta causa ya se le tomó indagatoria, entre otros, el extitular de la AFIP, Alberto Abado, cuya situación procesal aún no resolvió la jueza Servini.

La magistrada citó además como testigos al administrador Gubernamental de Ingresos Públicos, Andrés Ballota; a Dolores Pujol, integrante del directorio de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires; y a Jorge Sánchez Cordova y su hijo Juan Manuel Sánchez Cordova, accionistas minoritarios del Banco Finansur.